El paro del 10A, la izquierda y los piquetes


El paro del 10A es un soplo de aire fresco para todos los militantes de la izquierda revolucionaria que consideran que la política marxista tiene como fundamento la lucha de clases. Para no extenderme demasiado ya que no es el objetivo del comentario, esto es así porque muestra la verdadera relación de fuerzas existentes entre las clases, es un golpe al gobierno en su giro ajustador, es una contratendencia al giro reaccionario de la superestructura política, pone de manifiesto el enorme poder social de la clase obrera, la potencia del frente unico y las posibilidades de la izquierda cuando inteviene con una linea de combate e independencia política de las direcciones burocraticas. Evidentemente, dentro del FIT hay dos políticas y sensibilidades diferenciadas. Por un lado, el PO que centra su actividad en una -desabrida por el momento- en la intervención parlamentaria y en los acuerdos superestructurales con la burocracia michelista(dicho sea de paso sojero y de centroizquierda), bajo la concepción de que el problema político de la clase obrera, la dirección peronista, solo se lo supera desde la agitación publica y en la superestructura política. Por otro lado el PTS, donde entendemos que hay que unir la agitación política y la lucha de clases generando militancia obrera y autoorganización de los trabajadores con el objetivo de recuperar sus organizaciones y conquistar su independencia política. Estas dos sensibilidades se manifestaron frente al paro: para el PO la burocracia estaba superada y no era necesario el frente unico obrero; para el PTS el frente unico obrero, del cual el Encuentro Sindical Combativo de Atlanta que el PO rechazó fue un paso adelante, constituyó el medio que permitio legitimar los piquetes obreros que enfrentaron la coacción estatal y patronal. Como bien tomaron nota la inmensa mayoría de los medios burgueses, el gobierno y la propia burocracia sindical peronista, los piquetes fueron una de las claves del paro. Se llevo adelante la linea del frente unico y de la intervención activa en la huelga que planteamos desde el PTS y el Encuentro de Atlanta, lo que resulto en una victoria política de la izquierda de conjunto y del FIT en particular. Dejando una gran lección: El terreno más fertíl de desarrollo de la izquierda revolucionaria esta en la participàción activa en la lucha de clases y la organización obrera y no tanto en el terreno de ser el ala izquierda de la opinión publica. La discusión es clave porque lo que esta en cuestión son las vías para la construcción de una dirección clasista que sea la superación del peronismo y las alternativas burguesas como dirección de la clase obrera, condición necesaria para la reorganización del movimiento obrero y la perspectiva de una revolución social en Argentina. Ciertamente la clase obrera hoy no es peronista en el sentido histórico y afectivo del termino. Me explico, vota al peronismo, tal o cual cual trabajador puede ser peronista, pero ya no funciona el “peronista somos todos” y “la vida por Perón” que identificaron a la clase obrera y el peronismo desde 1945. Sin embargo, la ideologia del peronismo, la conciliación de clases y la idea del progreso social dentro del sistema así como algunas ideas francamente reaccionarias, siguen siendo sentido común entre los trabajadores argentinos. Además los dirigentes peronistas son quienes dirigen los sindicatos, ahogando su vida interna, liquidando su independencia, por ende su poder, poniendolos al servicio de los políticos patronales (la CTA michelista es la versión centroizquierdista sojera de la misma logica dirigente de los Moyano y Barrionuevo). En este sentido, el resultado del paro general del 10A va a estar en disputa entre una burocracia reaccionaria y derechista, que quiere fortalecer al massismo y el peronismo de derecha, y la vanguardia obrera y la izquierda. Obviamente un paro general no pone en jaque la predominancia de la burocracia peronista y la ideologia de la conciliación de clases dentro de la clase obrera; para ello es necesario retomar el camino de las huelgas generales de masas y las insurrecciones sociales como en los ’70, cuando los trabajadores enfrentaron al regimen libertador y posteriormente el gobierno de Isabel. En 1975 luego de la huelga general que volteó el plan Rodrigo, la clase obrera fue contenida por una parte por la burocracia miguelista y por otra parte por la izquierda del peronismo y el guerrillerismo impidiendo que un partido de clase y organismos de doble poder se materializaran como expresión de su independencia política.Pero el paro del 10A permitio que una vanguardia independiente se proyectara como alternativa de acción y hace más permeable la conciencia de los trabajadores para la agitación política de los socialistas revolucionarios. Afortunadamente el FIT revalido sus pergaminos en los piquetes siguiendo la linea de la lucha de clases.

Capitán Trip (Juan Forn. P12)


Antes que el Sargento Pepper, antes que Timothy Leary, antes que Ken Kesey y los Grateful Dead, vino Al “Cappy” Hubbard, mejor conocido como el Capitán Trip. Hablo de los días posteriores a la caza de brujas macartista, los años de Doris Day y la pesadilla con aire acondicionado, según la inmortal definición de Henry Miller, los tiempos en que las amas de casa de Hollywood y Beverly Hills descubrieron la depresión (“¿Se puede saber qué quieres, mujer?”; “no lo sé, cariño, creí que tú lo sabías, y que me lo ibas a dar”) y encontraron una inesperada cura para sus males gracias al Capitán Trip. La leyenda dice que Cary Grant puso de moda el LSD en Hollywood, pero el asunto empezó con su esposa, Betsy Drake. Supuestamente eran la pareja perfecta: ella había dejado la actuación para dedicarse al hogar, cocinaba como los dioses, incluso aprendió hipnosis para combatir el insomnio de Grant y ayudarlo a dejar los tres paquetes de cigarrillos que fumaba por día. Logró ambas cosas, pero no logró apartar al actor de su íntimo amigo Randolph Scott. Abrumada por el pacto de silencio y por el alcoholismo en que ahogaba sus penas, desembocó en el Beverly Hills Institute, donde oyó decir que ofrecían una terapia experimental que hacía milagros. El director y único profesional del instituto era el psiquiatra Oscar Janiger y su mentor y proveedor era Cappy Hubbard, el Capitán Trip.

Cappy tenía montada toda una operación en Canadá: en el Hospital New Westminster de Vancouver había logrado tasas de recuperación inéditas sometiendo a alcohólicos crónicos a viajes de LSD. Pero no estaba en Hollywood para eso: Janiger le había reunido un grupo selecto de voluntarios de alto coeficiente intelectual para experimentar las ampliaciones de la mente que prometía la sustancia (Cappy haría lo mismo en la Costa Este dos años después, así conoció a Timothy Leary, con las consecuencias universalmente conocidas). Entre los voluntarios californianos estaban Aldous Huxley y el estudioso del zen Alan Watts. Betsy logró colarse en el grupo. Cary Grant fue al Instituto fingiendo interés en el proyecto. En realidad quería asegurarse de lo que Betsy hablara en terapia: entró con el propósito de preservar sus secretos y salió convertido en apóstol. Porque en cuanto oyó hablar a Janiger, y éste hizo pasar a Cappy y lo sumó a la charla, Grant sintió que estaba en el lugar indicado. Esa misma tarde de 1958 hizo su primer viaje (haría cien más en los años siguientes), poco después la prensa hablaba de su segunda juventud (tenía 55 años en ese momento) y él declaraba a los cuatro vientos que se lo debía a aquella terapia experimental con LSD. Recuerden su famosa frase: “Todo el mundo quiere ser Cary Grant; hasta yo quiero ser Cary Grant”. Lo que Hollywood pensó cuando vio su asombroso cambio fue: lo que es bueno para Cary Grant tiene que ser bueno para mí también. Las oficinas de Janiger se llenaron de famosos, interesados en aquella terapia experimental. No iban a drogarse, no buscaban el trip; lo que les interesaba eran las consecuencias del trip: querían sentirse como Cary Grant.

Para que se entienda: el único fabricante de LSD en el mundo en ese entonces era el laboratorio suizo Sandoz. El químico Albert Hoffman había encontrado la sustancia por accidente y estaban todavía investigando los alcances de su efecto: entregaban gratuitamente la droga a investigadores que les dieran a cambio el resultado de sus trabajos de campo. Hubbard fue el primer norteamericano que volvió de Ginebra con un gramo de LSD (diez mil dosis), cortesía de Sandoz. Se fue a Canadá y no a su país porque allí había probado el ácido por primera vez, en el hospital para veteranos de guerra de Saskatchewan, donde lo estaban usando experimentalmente en víctimas de trastorno de guerra. Cappy era un hombre con contactos: durante la Ley Seca contrabandeaba alcohol de Vancouver a Seattle; cuando lo agarraron, se pasó al otro bando y comenzó a patrullar las mismas costas por las que antes contrabandeaba; por esas mismas costas volvió a contrabandear, esta vez llevando armas y haciendo el recorrido inverso, cuando Canadá entró en la Segunda Guerra y Estados Unidos le mandaba armamento bajo cuerda. Después de Pearl Harbor, Cappy se sumó al ejército de su país como oficial de inteligencia. Por esos contactos supo después de la guerra que estaban tratando a veteranos con una droga experimental, logró probar la sustancia en Saskatchewan, descubrió el santo grial y partió a Suiza a proveerse de más. Estuvo rápido de reflejos: poco después la CIA (que la estaba usando como “droga de la verdad” en su célebre experimento MK-Ultra) consiguió que Sandoz les informara el destino de cada partida de LSD que salía de los laboratorios.

Cappy entendió rápido que su idea del LSD y la de la CIA iban por caminos separados y se abrió. Convenció al director del New Westminster de Vancouver, que le permitió tratar casos de alcoholismo bajo su supervisión. Le acondicionaron una sala según su pedido: un sofá confortable, luces bajas y la mayor discreción. Los psiquiatras estaban a cargo, Cappy era el guía nomás, el chamán. Los resultados fueron tan asombrosos que hasta Bill Wilson, uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, le dio su aval y un arzobispo de la iglesia canadiense redactó una plegaria para ser recitada por los fieles antes de cada viaje. Pero el objetivo de Cappy estaba del otro lado de la frontera: llegar hasta los líderes de la sociedad norteamericana, ofrecerles la experiencia del LSD y cambiar el curso del futuro. Así llegó a Hollywood con su valijita, y luego a Washington y a Nueva York, donde embarcó a Timothy Leary en su cruzada y se arrepintió el resto de su vida.

Entre los eméritos iniciados por Cappy en Washington estaba el dueño de Time Inc., el editor Henry Luce, que después de su viaje dijo que se lo había pasado hablando con Dios en una cancha de golf, y su señora, Claire Booth Luce, que dijo: “No se puede poner algo tan bueno al alcance de todo el mundo”. Lo decía con fundamento: no se registraban casos de malos viajes (los propios archivos de Sandoz, que por supuesto se pusieron a disposición del señor Luce y su señora, lo garantizaban) hasta que el LSD se empezó a vender por las calles como droga ilegal. El mal trip nació por la degradación del producto (las famosas “bañaderas de ácido”) sumado a la paranoia de hacer algo prohibido y a los rumores de que ya para entonces corrían por las calles sobre los tipos que se tiraban por la ventana en pleno trip, las únicas víctimas fatales del LSD durante su fase experimental: las que produjo la CIA con su proyecto MK-Ultra. Cuando el LSD se prohibió en 1966 no fue porque hacía mal, sino porque podía hacer demasiado bien. Pero Cappy Hubbard se pasó el resto de su vida culpando a Leary y a sus melenudos de echarlo todo a perder. Se recluyó en una isla frente a Vancouver, dedicado obsesivamente a su jardín, y nunca más salió. Le gustaba especialmente cortar el pasto en calzoncillos, bajo los efectos de un LSD de alta pureza que dicen que él mismo fabricaba para su uso personal, en un alambique en el sótano de su casa.

Linchamientos


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Los linchamientos a presuntos delincuentes se han extendido nacionalmente no solo en los barrios altos como Palermo sino también en zonas pobres como Laferrere. Expresa un elemento importante de descomposición social tanto por las causas que generan el crimen (la miseria y la marginalidad a que es sometida todo un sector del pueblo pobre) como de las respuestas de los “buenos ciudadanos” que se arrogan a si mismos el derecho al castigo. Hay que decirlo claramente, los linchamientos son un brote fascista, que apunta contra los más pobres y le reclama a sus amos (la burguesía y su Estado) que tengan mano dura. Los linchamientos solo pueden alentar el gatillo facíl, la represión a la juventud, el discurso derechista que pide endurecer las penas y por ende la impunidad de las mafias policiales que manejan la delincuencia organizada del narcotrafico, la trata de personas, el robo de automotores y cuanto delito rentable puedan explotar. Por lo dicho anteriormente es una manifestación de la descomposición del aparato de Estado no solo de sus fuerzas represivas sino también de su componente político burocratico completamente ganado por la corrupción.

Más allá de las declaraciones hipocritas los políticos patronales de la oposición (e incluso del gobierno como el caso de Berni) justifican la reacción de los “buenos ciudadanos” para esquivar el bulto a las responsabilidades políticas por su papel dirigente de una sociedad burguesa en descomposición. Los medios de comunicación opositores, la Corpo a la cabeza, los alienta bajo el mote de justicia por mano propia legitimando este blumbergrismo de acción directa en nombre del cansancio y de la anomía estatal. Lo cierto es que la ausencia del Estado burgués que reclama la oposición y los medios es una gran mentira. El Estado esta ausente en resolver los problemas estructurales del pueblo oprimido, pero omnipresente para reprimir a los que luchan (como la condena a los petroleros de Las Heras) y defender los negocios y ganancias de los capitalistas como lo demuestra la devaluación para redistribuir regresivamente el ingreso en favor de las patronales y a costa del salario, las indemnizaciones a Repsol, el quite de subsidios al pueblo pobre mientras las patronales la levantan en pala.

La moral burguesa, que es la que se expresa en estos brotes de fascismo, llama justicia por mano propia a los linchamientos de pobres, mientras que condena como violencia a los piquetes, intolerantes a los huelguistas docentes y como crimen a una pueblada como la de Las Heras que se oponía al descuento de los salarios por el impuesto a la ganancia. Es la voz de la obediencia al amo la que habla y no el justo anhelo de terminar con los delitos que tiene su raíz en un Estado burgés descompuesto y una sociedad de clases basada en la explotación y la desigualdad.

Hay que organizar la lucha de clases de los trabajadores y la juventud contra el gobierno su Estado y los patrones para apuntar contra el verdadero enemigo de todo el pueblo pobre y terminar con los brotes de fascismo.

 

Para derrotar el ajuste K


 

Tarifazo, techo salarial en las paritarias, ajustes de las cuentas publicas, reconciliación con los complices y participes del genocidio (Milani), entrega a Chevron e indemnizaciones a Repsol, discursos macartistas contra la izquierda y justificando los fallos inauditos contra los petroleros de Las Heras. El kirchnerismo se ha convertido abiertamente en un instrumento del ajuste y las políticas de normalización que la gran burguesía exigia. El lema ha dejado de ser “Democracia o corporaciones” para transformarse en la democracia de las corporaciones patronales e imperialistas, con el añadido de la corporación judicial donde recurre a jueces procecistas para liberar a los polícias del caso Arruga y sacar fallos contra la huelga docente. No es de extrañar que el macrismo los aplauda a rabiar. Frente a ello se alzan los docentes con su reclamo salarial y su huelga de ribetes históricos que obliga a una burocracia sindical adicta y obsecuente como la del SUTEBA a luchar y que enmarca un paro general que promete ser extraordinario no por los objetivos de sus dirigentes, agentes de una oposición burguesa reaccionaria, sino por la bronca de las bases que quieren expresar su rechazo al ajuste.

No perdamos tiempo hablando del kirchnerismo que ya se saco la careta, ni de la oposición que hace tiempo demostró su carácter reaccionario. Se trata de evaluar si la clase trabajadora puede derrotar el ajuste. Lo cual es un tema complejo porque derrotar el ajuste es derrotar al gobierno y ponerlo contra las cuerdas, es decir dictar su agonia. Por ello la burguesía cierra, aunque de manera frágil e inestable,  filas con el kirchnerismo -que con el anuncio del tarifazo echa leña al fuego- y la burocracia se cuida de no anunciarlo como parte de un plan de lucha que permita a la clase trabajadora tensar sus musculos y lograr sus objetivos economicos y políticos; a saber el fin del techo a las paritarias y la derrota del ajuste. El conflicto docente muestra que fuerza hay y allí donde existe activismo e izquierda se autoorganizan empujando las lucha hasta el final.

El tema es que ningun sector de los trabajadores por si solo puede lograr la derrota del gobierno y la burguesía sino que d dicho obejtivo se logra mediante la unidad de la clase obrera en grandes acciones sociales y en alianza con el pueblo pobre. Y el escollo para ello es siempre la burocracia sindical que opera contra la potencialidad de la lucha de los trabajadores y la rebaja a meros movimientos de presión al servicio de alguna fracción burguesa. Sin embargo, el paro general es un reconocimiento de la fuerza de los trabajadores. Pero un paro general no basta para derrotar un plan de ajuste liberal de un gobierno peronista. Así lo demuestra la experiencia histórica de la clase obrera argentina. Fue una huelga general de caracteristicas semi-revolucionarias -las jornadas de junio y julio de 1975- la que derrotó el plan liberal de Isabel, Lopez Rega y Celestino Rodrigo, y la misma se llevo adelante por la fuerza de la izquierda y el clasismo en las comisiones internas y cuepros de delegados que empujaron a la burocracia semifascista de entonces a la ruptura con el gobierno y la huelga. Y hoy por hoy, a pesar del peso creciente de la izquierda clasista y el activismo en el movimiento obrero de base, no se puede comparar con el poder social y la organización de base de las coordinadoras interfabriles de 1975, y la radicalización política e ideológica de la clase obrera y la juventud esta lejos de aquellos años y con condicionantes históricos muy fuertes todavía. Amén de que la situación economica no es aún de catástrofe como lo era en 1975.  A favor que la izquierda peronista , si se la puede llamar así, es el agente del ajuste y no una fuerza de contención como fue la JTP, y que la burocracia esta lejos de ser lo que era entonces bajo el comando del Loro Miguel. Es una tarea a desarrollar y hay que aprovechar el desgaste del gobierno y de la burocracia sindical deslegitimada, que se ve obligada a luchar, para avanzar en organización, ganar poder social e independencia de clase en la vanguardia de los trabajadores para hacer real dicha perspectiva. Las jornadas del 9 de abril votadas en el Encuentro de Atlanta son la gran ocasión de praparar una intervención contundente de la vanguardia obrera.

Tomar el paro en nuestras manos significa entonces plantearse objetivos independientes, como la absolución de los petroleros de Las Heras entre otros puntos, y hacerlo activo contra la voluntad de la burocracia para ser un factor de organización del movimiento obrero combativo. Se trata de hacer un paro político no para apoyar a Massa -como denuncia el gobierno y pretende el moyanismo-barrionuevismo- sino para derrotar el ajuste.

 

Una confesión y un nuevo grupo de tareas (Alejandra Dandan y Victoria Ginzberg. P12)


“Las prácticas concretas que afectan al suscripto (…) están referidas virtualmente al método ordenado para la ejecución física de los subversivos prisioneros, los cuales sin ningún tipo de juicio de defensa, se me ordenaba matarlos a través de los distintos médicos a mis órdenes con inyecciones mortales de la droga Ketalar. Luego los cuerpos eran envueltos en nylon y preparados para ser arrojados de los aviones Fiat G 22 o helicópteros al Río de la Plata. Dichas máquinas partían en horarios nocturnos desde el batallón de aviación del ejército seiscientos uno (601). Las ejecuciones o asesinatos llevados a cabo por este método fueron cincuenta y tres, siendo cuatro de ellos extranjeros. Otro método de ejecución fue el fusilamiento ordenado por el comandante de Institutos Militares con la presencia de los directores de las distintas escuelas de armas y otros institutos para que dichos oficiales superiores adquieran una responsabilidad comprometedora al avalar con su presencia esta práctica aberrante.” La confesión pertenece al represor Eduardo Francisco Stigliano. No fue hecha en la Justicia, sino que figura en un reclamo administrativo ante el Ejército. Fue uno de los hallazgos que dejó el trabajo de reconstrucción que está realizando la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. El documento es una prueba fundamental en el juicio que se está realizando por el asesinato y desaparición de quienes participaron de la Contraofensiva. Y es importante porque aportó detalles en primera persona sobre delitos de lesa humanidad, confirmó que en Campo de Mayo se concentró el accionar represivo a los miembros de la organización Montoneros que regresaron al país entre 1979 y 1980 y, además, fue clave para identificar a un grupo de tareas hasta el momento desconocido: la SOE (Sección de Operaciones Especiales de la guarnición de Campo de Mayo).

Los familiares de las víctimas reclaman ahora que la jueza Alicia Vence llame a declarar a los represores que salieron a la luz a partir de esa investigación, que son varias decenas. Vence convocó en las últimas semanas a trece integrantes del Ejército, cuadros medios y superiores. Hasta el momento quedaron bajo arresto domiciliario cinco acusados, entre ellos, Ricardo Pianta, ex jefe del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín y jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares en los años que abarca este expediente; Raúl Muñoz, ex intendente interventor de Florencio Varela y jefe del Departamento Personal del Estado Mayor entre 1980 y 1982, y Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividad Psicológica del Batallón 601.

El martes, el juzgado retomará la actividad con la indagatoria de Marcelo Cinto Corteaux, ex jefe de la primera sección del Ejército del 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Las querellas integradas por hijos de los militantes, sobrevivientes, madres o hermanas se alegran por los avances pero entienden que son un primer paso. Hace meses, entregaron a la Justicia decenas de nombres integrantes de las patotas, cuadros medios e inferiores con responsabilidad en la acción directa. Los datos provienen de una reconstrucción casi arqueológica realizada por familiares y distintas agencias del Estado abocadas a las políticas de desclasificación y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas. Los familiares encontraron en los archivos documentación que confirma hipótesis supuestas desde hace treinta años o piezas del rompecabezas que todavía faltaban.

Uno de los primeros documentos importantes fue el expediente por el trámite de salud de Stigliano. El 17 de octubre de 1991, el teniente coronel hizo su descargo sobre su trastorno de salud –“una especie de neurosis con síndrome violento”– en su domicilio, ante un oficial de la Brigada de Caballería Blindada Dos de Entre Ríos, que se trasladó hasta su casa. Stigliano tenía en ese momento 48 años. Había sido jefe de la Sección de Operaciones Especiales (SOE) de Campo de Mayo y había recibido una condecoración del entonces jefe del Comando de Institutos Militares Cristino Nicolaides, “por su lucha contra la delincuencia terrorista”. Es en ese trámite donde describe cómo le ordenaron ejecutar prisioneros indefensos y arrojarlos vivos al Río de la Plata. El testimonio, con el que el militar pretendía conseguir un retiro anticipado por las secuelas que le había dejado “la lucha contra la subversión”, se encontró entre 2006 y 2007. Allí, el militar afirma tener “pesadillas en forma permanente, relacionadas con las actividades que, como jefe de la Sección Operaciones Especiales de la guarnición militar de Campo de Mayo, se me ordenaron ejecutar y que constituyeron violaciones flagrantes a la Constitución, las leyes y reglamentos militares, toda vez que se identificaron con las prácticas más aberrantes que se puedan concebir, en relación al respeto básico de los derechos del prisionero de guerra consagrados en los Convenios de Ginebra, el derecho internacional de guerra y otras leyes que rigen el orden internacional”.

En su escrito, Stigliano argumenta que “sufre una especie de neurosis con síndrome violento” y que tiene “un impulso irrefrenable de venganza hacia quienes lo llevaron a esta situación, ‘combatientes de escritorio’, que mientras nos ordenaban asesinar, ellos se preocupaban por el mantenimiento de sus prebendas y de los mal llamados botines de guerra”. Stigliano relató también una visita del general Leopoldo Fortunato Galtieri a “un campo de prisioneros borrado oportunamente” dentro del ámbito de Campo de Mayo y amenazó con difundir la lista de las víctimas, las matrículas de los aviones usados en los vuelos de la muerte, los nombres de los gendarmes que vigilaron a los prisioneros y del personal que fue testigo de “los fusilamientos y otras formas de ejecución”. En ese sentido, advertía que si le sucedía “cualquier evento natural o traumático”, la información que estaba a resguardo en “dos sobres lacrados en la caja fuerte de un estudio jurídico” sería revelada.

Stigliano murió poco después de hacer este reclamo. Cuando su legajo y los valiosos datos que contenían fueron advertidos por el Ministerio de Defensa, se ordenaron allanamientos a su casa en Entre Ríos y los estudios jurídicos involucrados, pero no se encontró ninguna documentación en la que figuraran los nombres de las víctimas o las matrículas de los aviones que se usaron para asesinarlas.

Campo de Mayo

El juez Ariel Lijo condenó en 2007 a una decena de represores del 601 –Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval, Pascual Omar Guerrieri y Santiago Manuel Hoya, entre otros– en una causa en la que se ventiló la responsabilidad del 601 en la represión de la Contraofensiva y que involucró a seis víctimas. El expediente que tiene a su cargo Vence, que abarca a 85 víctimas, intenta reunir a todos los sectores y responsables que intervinieron y reconstruir y entender el episodio completo. De acuerdo con la información obtenida hasta ahora se desprende que la persecución del grupo de la Contraofensiva fue realizada por dos estructuras del Ejército: el Batallón de Inteligencia 601, que desde 1978 estaba en Campo de Mayo (y de la que dependía el 201, de Inteligencia de Campo de Cayo) y la SOE (Sección de Operaciones Especiales) del Comando de Institutos Militares. El 601 trabajaba en las persecuciones al exterior (Brasil, Europa) y hacia adentro hacía el “trabajo” la SOE.

El hallazgo del trámite administrativo de Stigliano permitió comenzar a reconstruir la Sección Operaciones Especiales (SOE), que era casi una estructura fantasma, porque hasta ese momento no aparecía asentada como parte del organigrama de Campo de Mayo. El año pasado, Página/12 dio cuenta del trabajo de reconstrucción que realizó en los últimos años la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, a cargo de Stella Segado. En ese momento se dijo que la SOE se había creado en el Comando de Institutos Militares, que era una institución educativa y no de combate. La Orden Parcial 405-76 de mayo de 1976 incorpora este lugar a la zonificación militar, nombrándola como “Zona 4”. En esta zona tomó cuerpo una estructura de inteligencia ad hoc que por falta de personal debió nutrirse de las distintas Escuelas del Comando de Institutos. Estos oficiales integraron la Sección Operaciones Especiales, la SOE, que en criollo era un grupo de tareas. La mayor parte de sus miembros estuvieron en el SOE sólo de modo transitorio. Permanecían dos o tres meses en “comisión de servicios” y solamente iban a hacer tareas operativas. El área estuvo comandado por el capitán Martín “El Toro” Rodríguez y a partir de 1979 por Stigliano. De acuerdo con la reconstrucción que hizo el Ministerio de Defensa, es posible que en cada etapa de la SOE haya habido unas 20 o 30 personas que rotaban cada dos o tres meses. De esta manera, los “operativos” que estuvieron involucrados en los dos años que se investigan en la causa son varias decenas.

La patota

En el legajo de Stigliano figura un reclamo por una herida. Eso fue fundamental para vincularlo directamente con los secuestros de la Contraofensiva. El 17 de septiembre de 1979 fueron asesinados en Munro y en una emboscada dos integrantes de la conducción nacional de Montoneros: Armando Croatto y Horacio Mendizábal. Habían vuelto al país en el marco de la primera Contraofensiva y la patota llevó a una cita a Jesús María Luján, el “Gallego Willy”, que ya estaba secuestrado. Cuando los vio, salió del auto, les gritó que era una cita cantada y se armó un tiroteo. Stigliano estaba ahí y terminó herido. En su legajo se asentó entonces la felicitación de Nicolaides por el mérito al combate. A partir de esa mención, Defensa comenzó a buscar los nombres de quienes habían recibido la misma buena nota. Sabían que podían ser 30 o 25 porque en el legajo de Stigliano aparecía en lápiz un “1sobre25”. En Defensa dicen que en ese momento se dieron cuenta de que a Nicolaides le encargaba felicitar a su gente, lo hacía frente a cada operativo y eso facilitó la tarea. Además, la relación de Stigliano con la Contraofensiva estaba confirmada por un viejo testimonio de una sobreviviente en la Conadep. Ella indicaba que él le levantó la capucha y que le tomó “declaración”. Con esos datos comenzó la reconstrucción de la SOE. Fueron encontrando integrantes de Gendarmería, del Servicio Penitenciario Federal, o sea, que el grupo de tareas estaba formado por fuerzas conjuntas. De allí sacaron la lista de decenas de imputados que tiene ahora la jueza.

La otra pata represiva en esta causa está integrada por el 601, lo que se conoce como el “grupo Hoya” y que fue en parte investigada por el juez Lijo. Pero los querellantes descubrieron que quienes trabajaban con Hoya podían ser más de veinte y aspiran a que se profundice esta línea en el expediente de Vence.

“Hicimos un trabajo de investigación y van surgiendo responsabilidades. Tenemos sospechas, testimonios. Ahora falta el trabajo de la jueza y la fiscalía”, señaló a Página/12 Florencia Tajes Albani, hermana de Daniel Crosta, desaparecido en septiembre de 1979. “Queremos que la jueza llame a todos y que no desguace la causa, que arme una megacausa”, agregó en el mismo sentido Daniel Cabezas, sobreviviente y hermano de Gustavo, secuestrado en 1976 por un grupo de la escuela de comunicaciones de Campo de Mayo. El abogado Pablo Llonto, representante de los familiares de las víctimas, cree que “lo que hizo la jueza hasta ahora es importante y estamos conformes, pero sabemos que son más y no podemos sino hacer los deberes para que todos los genocidas vayan a la cárcel. Los querellantes esperan el segundo paso, que sería la indagatoria a todos los involucrados”.

Facsímil de la declaración de Stigliano en el expediente administrativo de 1991.

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