Republicanismo en defensa de la libertad de empresa (LVO 421)


El 1º de abril, los dirigentes opositores presentaron un documento llamado “Cuidar la democracia”, ampliamente publicitado por el multimedio Clarín y el diario La Nación, contra lo que califican de intolerancia del gobierno y se pronuncian en defensa de la libertad de expresión y el respeto a las leyes y la Constitución. El mismo fue firmado por los principales referentes de la oposición como los radicales Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz, Angel Rozas, Ricardo Gil Lavedra, Gerardo Morales, Oscar Aguad, Silvana Giudici; Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Francisco De Narváez y Gustavo Ferrari, del Peronismo Federal; Elisa Carrió, Patricia Bullrich y Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica; y Mauricio Macri y Federico Pinedo, del PRO. Los “socialistas” de Hermes Binner, Pino Solanas y Margarita Stolbizer se abstuvieron de firmarlo.

Los firmantes se plantean “unir fuerzas diversas en un único eje: no aceptar en silencio la persecución, el uso indiscriminado del poder, o la utilización de organismos del Estado utilizados fuera de su finalidad”. Traducido, un frente contra el “autoritarismo” kirchnerista.

Libertad de empresa y libertad sindical

El motivo que los unió para firmar el documento fue el piquete a la planta de AGR-Clarín que impidió la salida del diario el pasado domingo 27. En este sentido el documento reclama que “los medios de comunicación, las empresas, los trabajadores, las consultoras privadas que miden la inflación o cualquier ciudadano no deben ser penalizados por sus ideas o por el desarrollo de actividades licitas que el gobierno considera inconvenientes para sus intereses”.

“Cuidar la democracia” iguala al multimedio Clarín, o la consultora ECOLATINA de Lavagna, con los trabajadores del INDEC perseguidos por rechazar la intervención de la patota kirchnerista que dibuja las estadísticas publicas y entrega el control del organismo al monitoreo del FMI. Pero Clarín persigue a sus trabajadores ejercitando una terrible dictadura patronal anti-sindical, garantizada por cámaras que espían los movimientos de los trabajadores, patotas y sanciones (igualito a los K en el INDEC pero en el caso de AGR proscribiendo los derechos sindicales), que es el móvil del conflicto que llevo al bloqueo (independientemente del uso político que haga el gobierno o el provecho personal que busquen sacar los delegados canallas de la comisión interna). La oposición se coloca así del lado del multimedio Clarín contra los trabajadores, defendiendo la “libertad de empresa” de Magneto- de Noble contra la “libertad de expresión y organización”, contra los derechos democráticos, de sus trabajadores.

“Bonapartismo de la caja” y republicanismo reaccionario

En el documento opositor se advierte que “la democracia argentina debe ser cuidada y protegida de acciones de intolerancia, de persecuciones, de señalamientos, escraches o cualquier intento de discrecionalidad en el uso de los recursos que el mismo Estado posee. Los límites del Estado los define la constitución, no el poder gobernante”. Nótese que se iguala el rechazo a la acción directa y la denuncia social, con el uso discrecional de los fondos del Estado base del “bonapartismo de la caja” que caracteriza al kirchnerismo. De esta forma el gobierno se garantiza la lealtad de gobernadores y punteros del peronismo, así como la cooptación de los movimientos sociales y de derechos humanos y la alianza con la burocracia sindical cegetista. El kirchnerismo viene tomando una agenda de medidas contra la acción directa desde los hechos del Parque Indoamericano, así como prosigue con las causas judiciales contra delegados de base y luchadores populares. Los elementos de bonapartismo k se expresan en la tendencia a la cooptación y el control de los movimientos sociales reivindicativos. Cuando los movimientos manifiestan independencia del gobierno el kirchnerismo los enfrenta y los acusa de funcionales a la derecha. En cambio a la oposición le preocupa que las manifestaciones populares atenten contra los intereses particulares de los grupos empresariales y sea usada por el gobierno contra los grupos económicos rivales -como Clarín o la Mesa de Enlace- o sus oponentes políticos, como Macri en la Ciudad de Buenos Aires. El documento “Cuidar la democracia” es una defensa de los empresarios que practican la dictadura del capital dentro de sus empresas contra la organización sindical de base (lo mismo que hacen las patronales amigas del gobierno con los delegados de base opositores a la burocracia cegetista) y de las instituciones que la garantizan. Para limitar el “bonapartismo de la caja” kirchnerista la oposición burguesa recurre a un republicanismo reaccionario que defiende los fundamentos de la Constitución oligárquica de 1853, reformada por el menemismo y la UCR en 1994 luego del Pacto de Olivos. Lo cierto es que desde 1983 la “democracia” ha sido el ordenamiento político jurídico de la entrega nacional mediante las privatizaciones de los recursos energéticos, de comunicaciones y el transporte ferroviario, del aumento exponencial de la deuda externa, de la explotación del trabajo, del ataque a los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas populares, ha sido la base institucional del dominio de las patronales a través de las camarillas políticas del PJ y la UCR. Los firmantes del documento son una prueba viva del carácter reaccionario del republicanismo. Bajo Duhalde fueron asesinados Dario Santillan y Maxiliano Kostequi en la represión del 2002 a los piqueteros del Puente Pueyrredon; Ricardo Gil Lavedra, fue Ministro de Justicia de la Alianza que reprimió la rebelión popular de diciembre del 2001 con un saldo de 38 muertos; Felipe Solá que bajo su gobierno fue secuestrado Julio López; la UCR que bajo el gobierno del radical Saiz en Rio Negro es responsable de los fusilamientos de jóvenes por la policía asesina en Bariloche. Parafraseando a Lenin, la democracia que vivimos es un orden al servicio de los ricos, es democracia burguesa, democracia para ricos, la envoltura constitucional de la dictadura del capital. La independencia política del gobierno y la oposición patronal de los movimientos obreros y populares, es una condición necesaria para luchar genuinamente por los derechos democráticos de los trabajadores y el pueblo y derrotar la persecución patronal y judicial contra los delegados de base y los luchadores populares, para derrotar la dictadura anti-sindical en las empresas.

Los socialistas revolucionarios oponemos a la república burguesa (dictadura del capital), la república (el estado) de los trabajadores, la más amplia democracia directa de los trabajadores y el pueblo pobre.

enlace original: http://www.pts.org.ar/spip.php?article17376

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