Inaceptable sabotaje en subtes (La Nación, tribuna de doctrina de la prensa burguesa contra los trabajadores del subte. El lenguaje burgués de la guerra de clases)


Las tarifas de los subterráneos de Buenos Aires sólo habían aumentado un 57 por ciento entre 2001 y 2011, mientras la inflación en el mismo período sextuplicó ese porcentaje. Esa misma distorsión ocurrió entre las tarifas y los costos de prestar el servicio, lo que demandó subsidios crecientes para mantener la operación. El gobierno nacional, responsable de la regulación del sistema hasta el inicio del año en curso, acordó transferirlo a la Ciudad sin corregir previamente esa distorsión, sólo manteniendo por un año la mitad del subsidio que se había visto obligado a otorgar para compensar el desfase tarifario (de 720 millones de pesos, reconocerá 360 millones al gobierno local). El gobierno de la ciudad tenía la opción, aunque no los fondos, para hacerse cargo de la otra mitad, o bien, como lo hizo, de aumentar la tarifa. A la luz de todos los elementos de juicio disponibles, esta alternativa, aunque dolorosa para muchos usuarios, ha sido la correcta. Llevado a moneda de valor constante, el precio del cospel que regía a fines de 2001 debería ser hoy de 3,50 pesos. Si se considera un índice medio de salarios, el uso del subte a una tarifa de 2,50 pesos requiere hoy una menor proporción del sueldo que en 2001. Salvando el hecho de que el aumento ha sido abrupto, la tarifa hoy vigente sigue siendo más que razonable con relación a los niveles históricos. Más aún si se la compara con las observadas en otras ciudades del mundo. A pesar del aumento, sigue siendo la más reducida de América latina y está en una proporción de entre un tercio y un quinto de las vigentes en sistemas de metro en Europa o los Estados Unidos. Resulta entonces poco comprensible la encendida protesta de algunos sectores políticos enfrentados al gobierno de la ciudad, que produjeron duras declaraciones sin razones valederas o recurrieron a cuestiones formales alegándolas como fundamentales con no poca hipocresía. De hecho han reclamado medidas judiciales de amparo para suspender el aumento en tanto no se realicen estudios y una audiencia pública. El gobierno de la ciudad ha argumentado que esa audiencia ya fue celebrada en su oportunidad, momento en que se autorizó un aumento que a moneda de valor constante aún no ha sido alcanzado. Desde el punto de vista de la realidad económica hay, como hemos visto, una sólida justificación para recuperar una tarifa que había sido sometida a un retraso demasiado evidente. Si, en todo caso, hay un segmento de los usuarios que por su nivel socioeconómico no pueden afrontar la nueva tarifa, lo que debe reclamarse es que la ciudad instrumente un subsidio específico conforme la demanda. El uso de la tarjeta SUBE lo hace técnicamente posible. También podría analizarse, como sucede en muchas de las principales ciudades del mundo, la posibilidad de que el usuario que utiliza el servicio de manera esporádica pague por él un precio superior al que deben abonar quienes lo usan diariamente. Así, podrá haber un boleto que se pueda adquirir por viaje, por día, por semana, por mes o por año. Para ello deberá pensarse en una readecuación del sistema tarifario, hoy obsoleto, que permita pagar menos por mayor uso del servicio. Lo injustificable es la actitud de los dirigentes gremiales de subterráneos de levantar los molinetes en repudio del aumento. Extraña esta decisión, explicada como una acción de solidaridad con los pasajeros, cuando frecuentemente someten a estos mismos usuarios a paros sorpresivos o a trabajo a reglamento. Desde el punto de vista laboral, una normalización de las tarifas dará a los trabajadores del sistema una mayor seguridad de cobro y facilitará la actualización periódica de sus salarios. La medida gremial tiene sin duda un carácter político, como además lo demuestran las adhesiones recibidas de grupos de izquierda o de la oposición en la Ciudad. Levantar los molinetes constituye lisa y llanamente un verdadero sabotaje. Produce la destrucción de los ingresos lícitos de la empresa concesionaria, tal como si fuera la destrucción de bienes de su propiedad. La justicia penal debería actuar rápidamente ante este delito. El gobierno nacional, por su parte, debería recapacitar sobre el daño que finalmente generan las políticas populistas, que, tarde o temprano, deben ser corregidas dolorosamente..

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