a veces


A veces cuando pienso en el amor, pienso en su sexo duro y a punto de estallar.

Otras simplemente lo asocio a la piel. Al estar dormidos desnudos, abrazados los dos, sintiendo nuestro calor en la frescura de la noche.

En muchas ocasiones simplemente es el estar junto a otros, de la mano.

O en ese extraño cosquilleo de la melancolía cuando estamos solos.

También cuando pienso en el amor, pienso en odio, opresión, abuso, mentira y violencia.

En lo vomitivo que me resulta Pablo Neruda.

En lo vano de intentar pretender el deseo del otro por siempre.

En la impotencia del alegato.

Pienso en su pija jugueteando en mi boca o abriendo mi culo bajo la mirada del techo.

Dolorido, mis dientes mordiendo la almohada y una sonrisa en mis labios.

Apoyar a los camioneros no es apoyar a Moyano (cortito y al pie)


por partes. la demanda camionera de paritarias sin techo, derogación del impuesto al trabajo y de las asignaciones familiares, son demandas justas y legitimas de la clase obrera. ciertamente el moyanismo, que es una burocracia reaccionaria, deja afuera de sus planteos a los milolones de trabajadores por debajo del minimo no imponible, en negro o precarizados, amén de los desocupados.
que moyano es una dirección sindical reaccionaria no esta en discusión. que lo apoye el bloque sojero y la derecha peronista -y que él busque ser su vocero, va de suyo- la izquierda revolucionaria siempre lo denuncio y lo denuncia y su actitud es la de apoyar incondicionalmente la lucha de los trabajadores denunciando el carácter y los objetivos políticos reaccionarios de su dirección, moyano. se trata de desarrollar las posiciones clasistas en medio de la lucha de clases.
lo que esta en discusión es que el programa del gobierno es beneficiar a los empresarios en detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores. por eso su vocero es un vicepresidente corrupto proveniente de la UCeDe. por eso sus metodos son los de la militarización de la protesta obrera al mejor estilo del gorila Arturo Frondizi. la histeria k antimoyanista -que es la continuación de la hasta hace poco histeria k pro moyanista- responde a que su programa es absolutamente reaccionario.
no se trata de apoyar a moyano sino de hacer que triunfen las demandas obreras, usando la lucha de camioneros para impulsar un programa de unidad obrera contra los techos a las paritarias, por el fin de la precarización laboral y por las demandas del pueblo pobre.

DEL FUNDAMENTO DEL ESTADO.- DEL DERECHO NATURAL Y CIVIL DEL INDIVIDUO Y DEL DERECHO DEL SOBERANO (Baruch Spinoza)


CAPÍTULO XVI

DEL FUNDAMENTO DEL ESTADO.- DEL DERECHO NATURAL Y CIVIL DEL INDIVIDUO Y DEL DERECHO DEL SOBERANO

Hemos cuidado hasta aquí de separar la filosofía de la teología, y de demostrar la libertad en que a cada cual deja esta última. Es, pues, tiempo de indagar hasta dónde se extiende en un Estado bien regido esta libertad de pensar y de decir lo que se piensa. Para examinar esta cuestión con método, buscaremos los fundamentos del Estado; pero examinaremos antes el derecho natural de cada uno sin ocuparnos aún del Estado ni de la religión.

Por derecho natural e institución de la naturaleza no entendemos otra cosa que las leyes de la naturaleza individual, según las cuales concebimos a cada individuo determinado naturalmente a existir y a obrar de un modo dado. Así, por ejemplo, los peces están hechos naturalmente para nadar; de entre ellos, los mayores están dispuestos para comerse a los más pequeños y, consiguientemente, en virtud del derecho natural, todos los peces gozan del agua, y los grandes devoran a los menores.

La naturaleza, considerada bajo un aspecto general, tiene un derecho soberano sobre todo lo que está bajo su dominio, es decir, que el derecho de la naturaleza se extiende hasta donde llega su poder. El poder de la naturaleza es, en efecto, el poder mismo de Dios que ejerce un derecho soberano sobre todas las cosas.

Pero como el poder universal de toda la naturaleza no es sino el poder de todos los individuos reunidos, resulta de aquí que cada individuo tiene un cierto derecho sobre todo lo que puede abrazar, o en otros términos, que el derecho de cada uno se extiende hasta donde alcanza su Poder. Y como es una ley general de la naturaleza que cada cosa se esfuerce por mantenerse en su estado, sin tener en cuenta más que a sí misma, y no teniendo en cuenta sino su propia conservación, se sigue que cada individuo tiene el derecho absoluto de conservarse, esto es, de vivir y obrar según es determinado por su naturaleza.

Y en este punto no reconocemos diferencia alguna entre los hombres y los demás individuos de la naturaleza, ni entre los hombres dotados de razón y los que de ella están privados, ni entre los monomaníacos y locos y los hombres sensatos. Porque todo lo que hace un ser en virtud de las leyes naturales, lo hace de un modo inconsciente, puesto que obra como es llevado a obrar por su naturaleza y no de otro modo.

Por esto, en tanto que los hombres no se ven forzados a vivir sino bajo el imperio de la naturaleza, mientras no conocen la razón o no han contraído el hábito de la virtud, en tanto que viven según las solas leyes naturales, tienen el mismo derecho que el que arregla su vida en virtud de las leyes de la razón; en otros términos, así como el varón prudente y sabio tiene el derecho absoluto de hacer todo lo que la razón le dicta, o el derecho de vivir según las leyes racionales, así el ignorante o el insensato tiene el derecho de hacer todo lo que le exige su apetito o el derecho de vivir sin más norma que las leyes de la materia. Esto es lo que resulta de la enseñanza de Pablo, que no reconoce pecado alguno anterior a la ley, es decir, en el tiempo en que los hombres viven sólo bajo el imperio de la naturaleza (Rom. 7, 7 ss.).

Así, no es la sana razón quien determina para cada uno el derecho natural, sino la extensión de su poder y la fuerza de sus apetitos, o mejor, de sus necesidades. Todos los hombres, en efecto, no están determinados por la naturaleza a obrar según las leyes de la razón; todos, por el contrario, nacen en la ignorancia completa de todas las cosas, y por buena educación que reciban, pasan gran parte de su vida antes de poder conocer la verdadera manera de vivir y de adquirir el hábito de la virtud. Están, no obstante, obligados a vivir y conservarse en cuanto de ellos depende, y esto, conformándose a los solos instintos del apetito, puesto que la naturaleza no les ha dado guía de otra especie y les ha negado el medio de vivir, conforme a la sana razón, y consiguientemente, no están más obligados a vivir según las leyes del recto espíritu, que un gato a vivir según las leyes de toda la raza felina.

Así, cualquiera que esté obligado a vivir bajo el único imperio de la naturaleza, tiene el derecho de realizar lo que juzga útil, ora sea llevado a la satisfacción de este deseo por la sana razón, ora por la violencia de sus pasiones. Tiene el derecho de apropiarse, por todos los medios, sea por fuerza, sea por astucia, sea por súplicas, o por todos los demás que juzgue más fáciles, lo necesario para la satisfacción de sus deseos, y a tener por enemigo a aquel que se lo estorbe.

Se sigue de todo esto que el derecho de la naturaleza, bajo el cual nacen todos los hombres, y bajo el cual vive la inmensa mayoría, no les impide sino lo que cada cual no desee o escape a sus medios de acción, no les prohibe ni la cólera, ni la astucia, ni la violencia, ni nada de aquello que su apetito natural les aconseje.

Y esto no debe sorprender, porque la naturaleza no se encierra en los límites de la razón humana, que sólo atiende al verdadero interés y a la conservación de los hombres, sino que está subordinada a un sinfín de leyes que abarcan el orden eternal de todo el mundo, del que el hombre es una pequeña parte. Sólo por la necesidad de la naturaleza son determinados los individuos de un cierto modo a la acción y a la existencia.

Todo, pues, lo que nos parece en la naturaleza ridículo, absurdo o malo, procede de que desconocemos en parte las cosas e ignoramos en su mayor parte el orden y enlace de la naturaleza entera. Quisiéramos hacer reflejar sus leyes por las de nuestra razón, y por lo tanto, lo que ésta nos dice ser un mal, no lo es respecto a las leyes de la naturaleza universal, sino solamente en relación a las leyes de nuestra naturaleza propia.

Nadie puede, no obstante, dudar que sea en extremo útil a los hombres vivir según las leyes y las prescripciones de la razón, las cuales, como ya hemos dicho, no tienen otro objeto que la verdadera utilidad de los hombres. Por otra parte, todo el mundo desea vivir en seguridad y al abrigo de la maldad lo más posible: ahora bien, esta situación es imposible mientras cada cual pueda hacer el bien o el mal a su antojo, porque entonces todos viven con ansiedad en el seno de las enemistades, de la envidia, de la cólera y demás furores semejantes, y malgasta sus esfuerzos en parar sus golpes.

Si tenemos, además, presente que los hombres privados del mutuo auxilio y del cultivo de la razón arrastran necesariamente una vida miserable, como lo hemos demostrado en el capítulo V; veremos claramente que para gozar de una vida dichosa y llena de tranquilidad, los hombres han debido entenderse mutuamente y hacer por ejercitar comunalmente este derecho sobre todas las cosas que cada uno recibió de la naturaleza: han debido renunciar a seguir la violencia de sus apetitos individuales, y someterse a la voluntad y al poder de todos los hombres reunidos.

Vanamente hubieran ensayado este nuevo género de vida a estar obstinados en seguir los solos impulsos de sus apetitos distintos en cada uno. Debieron, pues, convenir en seguir los consejos de la razón, a la cual nadie osa resistir abiertamente, por no parecer insensato; en domar el apetito en cuanto pudiera aconsejar alguna cosa funesta al prójimo; en no hacer a nadie lo que no querían que se les hiciera, y en defender los derechos de los demás como los suyos.

Pero ¿cómo debía realizarse este pacto para ser firme y valedero? Éste es el punto que hace falta esclarecer. Es una ley universal de la naturaleza humana no descuidar lo que juzga un bien, sino por la esperanza de un bien mayor o por el temor de un mal mayor a la privación del bien descuidado, y también no sufrir un mal sino para evitar otro mayor, o por la esperanza de un bien superior a la privación del mal temido; en otros términos, entre dos bienes, escogemos el que nos parece mayor; y entre dos males, el que nos parece más llevadero. Digo que nos parece, porque no es de necesidad que la cosa sea tal como la juzgamos.

Ahora bien, esta ley está tan profundamente grabada en la naturaleza humana, que debe ser colocada en el número de las verdades eternas que nadie puede ignorar. Pero resulta necesariamente de esta ley que nadie prometerá sinceramente renunciar al derecho natural que tiene sobre, todas las cosas, sin ser determinado por el miedo de un mayor mal o la esperanza de un mayor bien.

Para comprender mejor esta verdad, supongamos que un ladrón me obliga a prometer que le daré mis bienes cuando él quiera; no estando determinado el grado de mi derecho natural sino por la medida de mi fuerza personal, si puedo escapar por medio de la astucia de este ladrón, prometiéndole todo cuanto quiera, me es permitido, en virtud del derecho natural, el consentir fraudulentamente toda clase de pactos.

O bien, supongamos que he prometido de buena fe a alguno no gustar durante veinte días ningún alimento, y después veo que he hecho una estúpida promesa y que no puedo, sin grave perjuicio, ser fiel a ella; una vez que según el derecho natural, de dos males debo escoger el menor, tengo el derecho incontestable de desentenderme de mi palabra y considerarla como si no hubiese sido dada.

Digo que esto me es permitido en virtud de mi derecho natural, ya obre según una razón verdadera y cierta, ya según una opinión más o menos fundada, porque de un modo u otro me acarreo un gran mal y debo, por ser una ley de la naturaleza, intentar huir de él de cualquier modo.

De donde concluimos que ningún pacto tiene valor sino en razón de su utilidad; si la utilidad desaparece, el pacto se disipa con ella y pierde su autoridad por completo. Es, pues, una locura pretender encadenar siempre a alguno a su palabra, a menos que se haga de tal suerte, que la ruptura del pacto entrañe para el violador de su promesa más daño que provecho. Esto es lo que debe suceder particularmente en la formación de un Estado.

Si todos los hombres pudiesen fácilmente dejarse llevar de la razón y reconocer cuánto importaría la elección de tal guía a la utilidad e interés del Estado, no solamente todos mirarían con horror la falta de cumplimiento de las promesas, sino que, animados del deseo sincero de realizar este gran fin, a saber, la conservación de la república, serían fieles a sus palabras y guardarían sobre todas las cosas la buena fe.

Pero en tanto que lejos de dejarse guiar los hombres por la razón sean esclavos de sus pasiones, y la avaricia, la envidia, la cólera, etc., ocupen el espíritu de tal manera que no dejen en él sitio a la razón; mientras se os prometa con todas las pruebas mayores de sinceridad y luego las palabras puedan o no cumplirse, haréis mal en dispensar a estas palabras una confianza ciega, puesto que en virtud del derecho natural cada cual puede astutamente despreciar sus promesas, sea por la esperanza de un gran bien o por el temor de un mayor mal.

Pero puesto que hemos ya hecho ver que el derecho natural no se determina más que por el poder de cada uno, se sigue que cuanto se cede a otro de poder, voluntaria o forzosamente, se cede del propio derecho, y por consiguiente, que tiene un soberano derecho sobre todos quien les puede compeler por la fuerza y retenerles por el temor del último suplicio tan universalmente aplicado, conservará este derecho mientras tenga poder bastante para hacer ejecutar su voluntad; de otro modo su autoridad será precaria, y aquel que sea más fuerte que su soberano no será obligado a prestarle obediencia.

Ved, pues, de qué modo puede establecerse una sociedad y mantenerse la inviolabilidad del pacto común sin lesionar el derecho natural. De este modo, cada individuo transfiere su poder a la sociedad, la cual, por esto mismo, tendrá sobre todas las cosas el derecho absoluto de la naturaleza, es decir, la soberanía; de suerte que cada uno estará obligado a obedecerla, ya de un modo libre, ya por el temor del suplicio.

La sociedad en que domina este derecho se llama democracia, la cual puede definirse: «Asamblea general que posee comunalmente su derecho soberano sobre todo lo que cae en la esfera de su poder.» Se sigue que el soberano no está limitado por ley alguna, y que todos están obligados a obedecerle, porque esto es lo que todos han debido establecer de acuerdo, tácita o expresamente, cuando le han transferido el poder de defenderse, es decir, todo su derecho. Porque si hubiesen querido reservarse algún otro, hubieran debido tomar sus precauciones de defensa y garantía, pero como no lo han hecho, ni hubieran podido hacerlo sin dividir el Estado y, consiguientemente, sin arruinarle, están sometidos absolutamente a la voluntad del soberano; y a menos de ser enemigos del Estado y de obrar contra la razón, que nos lleva a defenderle con todas nuestras fuerzas, estamos obligados a cumplir todas las leyes, aun las más absurdas, porque la razón nos prescribe escoger el menor entre dos males.

Agréguese a esto que de obrar de otro modo, cada uno no estaría menos expuesto a ser arbitrariamente sometido al poder de otro, porque, así como lo hemos demostrado, este derecho de mandar lo que se quiere no pertenece a los soberanos sino porque tienen un absoluto poder, perdido el cual se pierde el de mandar cayendo en manos de aquellos que hayan podido conservarle.

Por esto, rara vez se ve dictar a los soberanos órdenes absurdas, porque les importa sobre todo, para conservar el poder, velar por el bien público, y no dejarse llevar en sus decretos sino de la razón. Jamás, dice Séneca, duraron los poderes violentos.

Téngase además presente que, en la democracia, las leyes absurdas son menos sensibles que bajo las demás formas de gobierno, por ser punto menos que imposible que la mayoría de una asamblea sancione un absurdo, y, por otra parte, el fundamento y el objeto de este gobierno son, como lo hemos demostrado, contener los desarreglos del apetito y mantener a los hombres, en cuanto sea posible, dentro de los límites de la razón, a fin de que vivan juntos en la paz y concordia; y si este fundamento se olvida, el edificio entero no puede menos de derrumbarse.

Así pues, el cuidado de velar por los intereses públicos corresponde al soberano, y a los súbditos la obediencia.

Pero acaso se pensará que pretendemos por este medio convertir a los súbditos en esclavos, por la creencia de que lo es quien obedece, y de que sólo es libre quien vive con arreglo a su capricho; pero esclavo realmente es quien está sujeto a sus pasiones y es incapaz de ver y hacer lo que le es útil, y libre es aquel cuya alma es sana y cuya razón le sirve de guía.

Sin duda la acción que resulta de un orden, es decir, la obediencia, quita en cierto modo la libertad, pero no da por esto en resultado la esclavitud que está en la manera de obrar. Si no es éste el interés del súbdito, sino el del señor, que es el fin de la acción, el súbdito es esclavo e inútil a sí mismo.

Pero en una república, y en general en un Estado donde la suprema ley es el bienestar del pueblo y no del individuo que manda, aquel que obedece en todo al soberano poder, no debe considerarse como un esclavo inútil a sí mismo, sino como súbdito. Así, la república más libre es aquella cuyas leyes se fundan en la sana razón, porque cada cual puede en ella ser libre, es decir, seguir en su conducta las leyes de la equidad.

Los niños, aunque están obligados a obedecer todas las órdenes de sus padres, no son tenidos por esclavos, porque todos van encaminados a su mayor bien y provecho. Establecemos, pues, una gran diferencia entre el esclavo, el hijo y el súbdito, la cual puede expresarse así: esclavo es quien obedece órdenes dictadas en provecho de quien las da; el hijo obra en su provecho al cumplir los mandatos paternales, y, por último, el súbdito cumple, por orden de su soberano, lo que es útil a la comunidad, y por lo tanto, a sí mismo.

Pienso haber demostrado con bastante claridad en qué consisten los fundamentos de la democracia. He preferido tratar de esta forma de gobierno por parecerme la más natural y la más propia a la libertad que la naturaleza da a todos los hombres, porque en este Estado nadie transfiere a otro su derecho natural, sino que lo cede en favor de la mayoría de la sociedad entera de que es una parte. Por este medio todos vienen a ser iguales como antes en el estado natural.

No he querido además hablar especialmente sino de esta forma de gobierno, por entrar esto en el propósito que tenía de tratar de las ventajas de la libertad en una república. No hablaré, pues, de los fundamentos de los demás Estados. No es necesario, para conocer su derecho, hacer constar su origen, el cual, por otra parte, resulta claramente de todo lo que hemos explicado, porque, que el poder resida en una sola persona, que resida en muchas, o en todas, tiene el soberano el de mandar lo que juzgue conveniente; y aquel que transfiere a otro, voluntariamente o no, el derecho de defenderse, renuncia de hecho a su derecho natural y se ha ligado, por consecuencia, a una obediencia absoluta e ilimitada para con su soberano, obediencia que subsistirá mientras subsista en aquél el poder. Creo superfluo insistir acerca de esta materia.

Después de haber estudiado los fundamentos y el derecho del Estado, fácil será determinar lo que son en el orden civil el derecho civil privado, la justicia y la injusticia; y luego, en el orden político, lo que es un aliado, un enemigo, y por último, un reo de lesa majestad.

Por derecho civil privado entendemos la libertad que cada uno tiene de conservarse en su estado, libertad determinada por los edictos del soberano y garantida a la vez por su autoridad, porque cuando hemos transferido a otro el derecho que poseíamos de vivir a nuestro arbitrio, o en otros términos, cuando hemos abdicado en otro la libertad y el poder de defendernos, dependemos exclusivamente de su voluntad, y no tenemos más que su fuerza para protegernos.

Hay vejación cuando un ciudadano o súbdito se ve obligado a sufrir un daño por parte de otro, en menosprecio del derecho civil o del mandato del soberano. Puede sólo concebirse en el orden civil, pero no puede provenir del soberano, que tiene derecho a hacer, respecto a sus súbditos, lo que crea más conveniente.

La justicia es la firme resolución de dar a cada uno lo que le es debido, según el derecho civil. La injusticia, por el contrario, consiste en quitar a alguno, bajo pretexto del derecho, lo que debe dársele según una interpretación legítima de las leyes. Suelen también darse a la justicia e injusticia los nombres de equidad e iniquidad, porque los jueces para nada deben tener presente el nombre de las personas, sino considerarlas, de un modo igual y defender igualmente sus derechos, sin envidiar al rico ni menospreciar al pobre.

Los aliados son hombres de ciudades diferentes que, para evitar los daños y eventualidades de la guerra, o por cualquiera otra razón de interés, convienen en no molestarse y, por el contrario, socorrerse en caso de necesidad, entendiéndose que cada uno conserva sus derechos y autoridad respectivas.

Este contrato será válido en tanto subsista aquello que ha sido su fundamento, a saber, un motivo de peligro o mutuo interés, porque nadie puede ser obligado a una convención sino con la esperanza de un bien o el temor de un mal: sin este fundamento la alianza quedará sin base.

Esto es lo que la experiencia enseña, porque si Estados diferentes se juran una asistencia mutua, no por eso dejan de esforzarse por conservar sus límites ni tienen en sus palabras confianza, sino en tanto que están bien convencidos del interés que la alianza ofrece a ambas partes; de otro modo creen ser engañados, y no sin razón. En efecto, ¿es posible, sin cometer una insensatez y sin desconocer el derecho de la soberanía, fiarse en las promesas y palabras de aquel que tiene el derecho dé hacerlo todo, y el interés de cuyo imperio es la ley suprema?

Pero dejemos estas consideraciones y consultemos la religión y la piedad: ellas nos dirán que aquel que es depositario del poder no puede sin crimen guardar sus promesas si su cumplimiento ha de ocasionar la ruina del Estado; de otro modo, viola su primer deber y sus más sagrados sentimientos, haciendo traición a la fe de sus súbditos.

Enemigo es aquel que vive fuera del Estado y no reconoce su autoridad ni como súbdito ni como aliado; así el Estado tiene el derecho de obligarle por todos los medios a someterse o a contraer alianza.

Por último, el crimen de lesa majestad sólo puede tener lugar entre los súbditos quienes, por un pacto tácito o expreso, han transferido todos sus derechos al Estado. Se dice que un súbdito ha cometido este crimen cuando ha intentado, por una razón cualquiera, apropiarse el derecho absoluto del soberano o hacerle pasar a otras manos.

Digo ha intentado, porque si no se castigase el delito sino después de su comisión, se llegaría aquí siempre demasiado tarde, y cuando la autoridad soberana hubiese sido usurpada o hubiera pasado a otras manos, Digo después: «aquel que por una razón cualquiera ha intentado apropiarse el derecho absoluto del soberano», porque no encuentro distinta su acción cuando produce al Estado una gran ventaja de cuando le acarrea un gran daño.

Porque de todos modos el criminal atenta a la majestad del soberano y debe ser condenado. Esto es lo que todo el mundo reconoce por justo y excelente en la guerra; por ejemplo, si un soldado deja su puesto y, contraviniendo las órdenes de su general, ataca al enemigo, merece la muerte, aunque lo ha hecho con laudable intención, por faltar a la disciplina. Acaso se dirá que no es tan clara esta obediencia en todos los súbditos y, sin embargo, hay paridad entre este caso y el anterior. Porque puesto que la república debe conservarse y dirigirse por la sola autoridad del soberano, y se ha convenido absolutamente en que a él solo pertenece este derecho, si alguno intentase, motu proprio, y a despecho de los jefes del Estado, emprender un asunto que respetase a los intereses de la sociedad, el Estado debería castigarle, no por los perjuicios que a la sociedad pudiese ocasionar, sino porque, desobedeciendo al soberano, había cometido un delito de lesa majestad.

Réstanos, para arrojar todo escrúpulo, examinar si lo antes afirmado, esto es, que cualquier hombre que no ejercite la razón puede vivir, en virtud del derecho natural, sin más norma que sus apetitos, no repugna visiblemente al derecho divino revelado. Porque estando todos los hombres indistintamente en el pleno uso de su razón, y obligados igualmente, en virtud del precepto divino, a amar al prójimo como a si mismos, parece que no pueden sin grave injusticia hacer daño a otro y vivir según las solas leyes de su capricho.

Pero fácil nos será contestar a esta objeción, si tenemos en cuenta el estado natural que tiene sobre la religión prioridad de naturaleza y de tiempo. Porque la naturaleza no ha enseñado a hombre alguno que debe a Dios obediencia; nadie puede llegar a esta idea por la razón sino por una revelación confirmada por signos exteriores.

Así, antes de la revelación ningún hombre está obligado a obedecer el derecho divino que desconoce por completo. No debe confundirse en modo alguno el estado natural con el religioso: el primero debe concebirse sin religión o sin ley y, consiguientemente, sin pecado y sin injusticia, como lo hemos hecho ver confirmando nuestra doctrina con la autoridad de Pablo.

No es solamente de nuestra primitiva ignorancia de donde deducimos que el estado natural ha precedido al derecho divino revelado, sino también de la consideración del estado de libertad en que nacen todos los hombres. En efecto, si los hombres estuviesen naturalmente obligados a obedecer el derecho divino, o si el derecho divino fuese un derecho natural, hubiese sido superflua la alianza hecha por Dios con los hombres, y el ligarles con un pacto y un juramento.

Debe, pues, admitirse en absoluto que el derecho divino comienza en el momento en que los hombres prometieron obedecer a Dios en todas las cosas y se obligaron a ello por un pacto expreso renunciando su libertad natural y transfiriendo su derecho a Dios, poco más o menos que lo sucedido en el Estado civil; pero éste es un punto que espero tratar con más amplitud.

Preveo aquí una objeción: se me dirá que los soberanos y los súbditos están igualmente obligados por este derecho divino, y sin embargo, hemos dicho que los soberanos sostienen el derecho natural y que tienen, por tanto, el derecho de obrar a su arbitrio. Para desvanecer esta dificultad, que nace menos del estado de la naturaleza que del derecho natural, respondo que cada uno, en el estado natural, está obligado a obedecer al derecho revelado, del mismo modo que a vivir según los preceptos de la sana razón, porque esto es más útil y necesario a la salvación; y de otro modo se correrían mil riesgos y peligros.

Se podría entonces vivir sin consultar más que el propio capricho, sin someterse a la voluntad de otro, sin reconocer a mortal alguno por juez a quien someterse por derecho de religión. Y éste es, a mi juicio, el derecho de que disfruta el soberano; que puede, es cierto, consultar a los hombres, pero que no está obligado a reconocer otro árbitro de derecho que el profeta enviado expresamente por Dios, demostrando su misión por signos indubitables.

En esta circunstancia, no es un hombre, sino Dios mismo quien le obliga a reconocerle por árbitro, y si rehúsa obedecer a Dios y reconocer el derecho revelado, queda expuesto a grandes riesgos y peligros, sin que a ello se oponga derecho alguno natural o civil.

El derecho civil, en efecto, no depende sino del mandato del soberano, pero el derecho natural depende de las leyes de la naturaleza, las cuales, lejos de limitarse a la religión, que se propone la utilidad del género humano, abrazan el orden de la naturaleza entera, es decir, se fijan por un decreto eterno de Dios, que no es desconocido. Esto es lo que parece no han visto muy claro los que juzgan que el hombre puede pecar contra la voluntad divina revelada, pero no contra el decreto eterno, por el cual ha predominado todas las cosas.

Si se nos preguntase ahora qué debería hacerse en el caso en que el soberano nos diese un mandamiento contrario a la religión y a la obediencia que hemos prometido a Dios, ¿qué responderíamos? ¿Debe obedecerse la voluntad de Dios o la de los hombres? Abrigamos el propósito de profundizar más adelante esta materia; me limitaré a contestar aquí, en pocas palabras, que debemos, ante todo, obedecer a Dios cuando tenemos una revelación cierta e indudable de su voluntad.

Pero como quiera que en punto a la religión los hombres caen ordinariamente en grandes errores, y según la diversidad de su carácter imaginan sin número de quimeras, es muy cierto que si nadie estuviese obligado a obedecer al soberano en lo que cree perteneciente a la religión, resultaría que el derecho público dependería del modo de ser y de la fantasía de cada uno.

Nadie, en efecto, estaría obligado a someterse a un derecho que juzgase establecido contra su fe y su superstición, y cada cual tomaría esto por pretexto para cometer toda clase de abusos. Ahora bien; debiendo tal licencia amenazar gravemente al derecho público, se sigue que el soberano, a quien corresponde tanto en nombre del derecho divino como en el del derecho natural, conservar y proteger los derechos del Estado, tiene también el derecho absoluto de estatuir en materia de religión todo cuanto juzgue conveniente, y todo el mundo está obligado a obedecer sus órdenes y decretos en virtud de la fe que ha jurado, y a la cual Dios le prescribe estar fiel, de un modo inviolable.

Ahora bien, si los que tienen en sus manos el soberano poder son paganos, aunque no deba celebrarse con ellos contrato alguno y aunque deban sufrirse los mayores males antes que dejar en sus manos el propio derecho natural, si este contrato se ha celebrado y el derecho natural se ha transferido, se está obligado a obedecerle y cumplir la palabra empeñada. Hay casos, además, en que Dios, por revelaciones ciertas, promete un socorro particular contra el tirano, y le dispensa expresamente la obediencia.

Así vemos que entre tantos judíos como había en Babilonia, sólo tres jóvenes, sin dudar de la asistencia de Dios, rehusaron obedecer a Nabucodonosor; pero todos los demás, excepto Daniel, que el rey mismo había adorado, fueron legítimamente obligados a la obediencia y acaso algunos se dijeron que se sometían al rey en virtud de un mandato divino, y que éste había conservado en nombre de Dios el soberano poder.

Eleazar, por el contrario, en tanto que su patria pudo sostenerse, por triste que fuera el estado a que estaba reducida, quiso dar a sus compatriotas un modelo de firmeza, a fin de que con su ejemplo sufriesen todo con valor antes de dejar pasar su derecho y su poder a manos de los griegos, y soportasen todos los tormentos antes de jurar obediencia a los paganos. Los principios que acabamos de establecer están confirmados por la experiencia de todos los días.

Así, los príncipes cristianos no vacilan, en el interés de la seguridad personal, en hacer alianza con los turcos y paganos. Ordenan a sus súbditos que quieren habitar en estos pueblos, no usar de más libertad que la que les dan los tratados. Citaré, por ejemplo, el tratado de los holandeses con los japoneses, de que me he ocupado en otra parte.

CAPÍTULO XVII

DE COMO NO ES NECESARIO, NI AUN POSIBLE, CEDER TODOS LOS DERECHOS AL
SOBERANO…

La doctrina que acaba de ser expuesta en el precedente capítulo acerca del derecho absoluto del soberano y de la renuncia del derecho propio natural de cada ciudadano, por más que esté de acuerdo sensiblemente con la práctica, está condenada a permanecer eternamente, en muchos de sus puntos, en el estado de pura especulación.

¿Quién podrá, en efecto, despojarse en provecho de otro del poder que le ha sido otorgado y, por consecuencia, de los derechos que le corresponden, sin dejar de ser hombre? ¿En dónde reside el soberano poder que dispone de todo a su antojo? Inútilmente se mandaría a un súbdito odiar a su bienhechor, amar a sus enemigos, ser insensible a las injurias, no desear la tranquilidad del alma, cosas todas que resultan invariablemente de las leyes de la naturaleza humana.

La experiencia demuestra claramente esto mismo. Jamás los hombres han abdicado sus derechos ni de tal suerte han renunciado a su poder personal que hayan dejado de ser objeto de temor para aquellos mismos a quienes han transferido sus derechos y poder; el gobierno tiene siempre tantos peligros que temer de parte de los ciudadanos, como de los extranjeros y enemigos.

Por lo demás, si los hombres pudiesen perder sus derechos naturales hasta el punto de encontrarse en una impotencia absoluta para oponerse a la voluntad del soberano, ¿no sería lícito al gobierno oprimir impunemente y agobiar con sus violencias a los indefensos súbditos? Pero éste es un derecho que nadie ha soñado en concederle.

Así pues, preciso es convenir en que cada uno se reserva pleno poder en determinadas cosas que escapan a las decisiones del gobierno, no dependiendo sino de la propia voluntad del ciudadano. De todos modos, para comprender de un modo exacto la extensión de los derechos y poderes del gobierno, debe notarse que no sólo consiste éste en compeler a obrar a los hombres por el temor, sino también en la obediencia de los súbditos, cualesquiera que sean los motivos. Porque la esencia de un súbdito no es obedecer por esta o aquella razón, sino obedecer; sea por temor al castigo, por esperanza de algún bien, por amor a la patria o por cualquier otra pasión, siempre obra libremente y, no obstante, siempre obedece a las órdenes del soberano poder.

De que un hombre se aconseje de sí mismo para obrar, no debe concluirse que obra a su capricho y no al del gobierno. En efecto, una vez que el hombre obra por amor o por temor de un mal futuro, toma siempre consejo de sí mismo, debe afirmarse, o que no existe gobierno sin derecho sobre sus súbditos, o bien que este derecho se extiende necesariamente a todos los motivos que pueden determinar a la obediencia y, por lo tanto, todos los actos de los súbditos conformes con los decretos del soberano, ya sean dictados por el amor o por el miedo, o, lo que es más frecuente, por la esperanza y el temor a la vez, o por el respeto, sentimiento mezclado de terror y admiración, o, en fin, por cualquier otro motivo, deben considerarse como pruebas de sumisión al gobierno y no como puros caprichos del individuo.

Lo que pone aún más en claro este principio, es que la obediencia no concierne tanto a la acción exterior como a la acción interior del alma, y esto es porque aquélla está sometida a ésta y por consiguiente se ejerce por el soberano imperio que reina en el alma de sus súbditos. Si el soberano imperio pertenece a los que inspiran más temor, éstos son llamados tiranos y son un objeto de terror para sus vasallos.

De modo que, aunque no se manda al espíritu como a la lengua, los espíritus dependen en cierto modo del soberano, que, de mil maneras, puede hacer de suerte que la mayor parte de los hombres crean, duden, amen, odien y teman a su antojo.

Así, aunque el soberano no puede ordenar estos estados del espíritu, sin embargo se producen, como lo atestigua la experiencia, por el impulso del poder; y en verdad, no repugna a la inteligencia concebir a los hombres recibiendo del gobierno sus creencias, sus amistades y en general todas las pasiones que les agitan.

Sin embargo, aunque concebimos de este modo al gobierno, disponiendo de un tan grande poder, nunca podrá ser bastante fuerte para extenderse sobre todas las cosas, según hemos demostrado, y juzgo que con suficiente claridad.

Ahora, cuál debe ser la constitución de un gobierno que quiera obtener seguridad y duración, ya he indicado que no es mi deseo explicarlo. Sin embargo, al propósito de atender al objeto que me he propuesto, indicaré las disposiciones que Dios reveló a Moisés relativamente a este objeto. Terminaré luego la historia del pueblo hebreo y sus vicisitudes, por las cuales se podrá ver a cambio de qué concesiones el soberano poder debe comprar la seguridad y prosperidad del Estado.

La razón y la experiencia enseñan con perfecta evidencia que la conservación del Estado depende de la fidelidad de los súbditos, de sus virtudes, de su perseverancia en la ejecución de las órdenes emanadas del poder; pero lo que no es fácil determinar es por qué medios, por qué conducta el gobierno puede mantener en sus súbditos la fidelidad y las virtudes.

Todos, en efecto, gobernantes y gobernados, son hombres, y por lo tanto, naturalmente inclinados a las malas pasiones. Por esto, los que tienen alguna experiencia de la variedad infinita de espíritus que componen la multitud, desesperan de conseguir aquel objeto; no es, en efecto, la razón sino las pasiones quienes arrastran a la muchedumbre dada a todos los vicios, y tan fácil de corromper por la avaricia y por el lujo.

Cada hombre imagina saberlo todo y quiere todo gobernar según su inspiración y decidir acerca de la justicia e injusticia de las cosas, del bien y del mal, según lo que resulta en su provecho o su daño; ambicioso, desprecia a sus iguales y no puede soportar ser dirigido por ellos; celoso de la estimación o de la fortuna, dos cosas que nunca están igualmente repartidas, desea el mal del prójimo y se regocija de él. ¿Para qué terminar esta pintura?

¿Quién ignora que el disgusto del estado presente, el amor a las revoluciones, la cólera mal reprimida, la pobreza puesta en menosprecio, inspiran con frecuencia crímenes a los hombres y, apoderándose de su espíritu, les agitan y torturan? Prevenir todos estos males, constituir el gobierno de modo que no quede plaza al fraude, establecer, en fin, un tal orden de cosas, que todos los ciudadanos, sea cualquiera su carácter, sacrifiquen sus intereses al bien público; ésta es la obra, ésta es la verdadera misión del poder…

CAPÍTULO XX

SE ESTABLECE QUE EN UN ESTADO LIBRE CADA CUAL TIENE EL DERECHO DE PENSAR LO QUE QUIERE Y DE DECIR LO QUE PIENSA

Si fuese tan fácil mandar al espíritu como a la lengua, todo poder reinaría en seguridad y ningún gobierno apelaría a la violencia como recurso. Cada ciudadano, en efecto, calcaría sus inspiraciones en las del soberano y no juzgaría sino por los decretos del gobierno de lo verdadero y de lo falso, del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto.

Pero no es posible, como hemos demostrado al comienzo del capítulo XVII, que un hombre abdique su inteligencia y la someta absolutamente a la de otro. Nadie puede hacer así renuncia de sus derechos naturales y de la facultad que en él existe de razonar libremente las cosas, nadie a esto puede ser obligado.

Ved, pues, por qué se considera violento al gobierno que extiende su autoridad sobre los espíritus; ved por qué el soberano parece

una injusticia con los súbditos y usurpar sus derechos cuando pretende prescribir a cada uno lo que debe aceptar como verdadero y rechazar como falso, y las creencias que debe profesar para satisfacer al culto de Dios. Es porque todas estas cosas son el derecho propio del individuo, que aunque quisiera enajenarle no podría.

Convengo en que hay mil maneras de prevenir los juicios de los hombres y de hacer de modo que sin torcer directamente la ajena voluntad, ésta se abandone con tanta confianza al poder que parezca éste ser de ella propietario. Pero por mucha que sea la habilidad del gobierno, no resulta menos exacto que cada cual abunda en su propia opinión, y que éstas no difieren menos que los gustos.

Moisés, que tenía tan dominado el juicio de su pueblo, no por medio de la astucia, sino por la virtud divina que residía en él, inspirado como estaba por el espíritu divino en todos sus actos y palabras, no pudo evitar, sin embargo, los rumores del pueblo y las siniestras interpretaciones de sus actos. Menos aún estuvieron los reyes al abrigo de este peligro. Y sin embargo, si un poder sin restricción puede concebirse en algún modo, será seguramente en un gobierno democrático, en que todos los ciudadanos, o por lo menos la mayor parte, administran colectivamente los negocios. Es un hecho cuya causa juzgo de fácil comprensión.

Sea, pues, cualquiera el derecho del soberano, sean cualesquiera sus títulos para interpretar el derecho civil y la religión, nunca, sin embargo, podrá hacer que los hombres no juzguen de las cosas con su entendimiento y no sean por él afectados de tal o cual manera. Es muy cierto que el gobierno puede considerar como enemigos a los que no participan sin restricción de sus sentimientos; pero no vamos a discutir los derechos gubernamentales, sino a indagar qué es lo más útil.

Concedo que el Estado tenga el derecho de gobernar con la más excesiva violencia y de condenar por las más fútiles causas a los ciudadanos a muerte, pero todo el mundo negará que un gobierno racional pueda realizar parecidos actos. Hay más: como el soberano no podría tomar estas medidas violentas sin poner al Estado entero en un gran peligro, podemos negarle el poder absoluto y, consiguientemente, el derecho absoluto de hacer estas cosas y otras parecidas, porque hemos demostrado que los derechos del soberano se miden por su poder.

Si nadie, pues, puede abdicar el libre derecho que tiene de juzgar por sí mismo, si cada cual, por un derecho imprescriptible de la naturaleza, es señor de sus pensamientos, ¿no resulta que nunca podrá ensayarse en un Estado, sin las más deplorables consecuencias, obligar a los hombres, cuyas ideas y sentimientos son tan distintos y aun tan opuestos, a no hablar, sino conforme a las prescripciones del poder supremo? ¿Pueden los hombres más hábiles, para no hablar del pueblo, guardar silencio?

¿No es un defecto común a todos los hombres confiar a otro los deseos que deberían guardar en secreto? Será, pues, un gobierno violento aquel que rehúsa a los ciudadanos la libertad de expresar y enseñar sus opiniones, y, por el contrario, será un gobierno moderado aquel que les conceda esta libertad.

No podemos negar, de todos modos, que el poder no puede ejercerse tan bien con actos como con palabras, y que si es imposible quitar a los ciudadanos toda libertad de expresión, habría un gran peligro en dejarles esta libertad completa y sin reserva. Debemos, pues, determinar ahora en qué límites esta libertad, sin comprometer ni la tranquilidad del Estado, ni el derecho del soberano, puede y debe ser concedida a cada ciudadano; lo que constituye, como lo he anunciado al comienzo del capítulo XVI, el principal objeto de nuestras indagaciones.

De la descripción que hemos dado de los fundamentos del Estado se sigue con perfecta evidencia que su fin último no es dominar a los hombres, retenerles por el temor y someterles a la voluntad ajena, sino, antes al contrario, permitir a cada uno, en tanto sea posible, vivir en seguridad, es decir, conservar intacto el derecho natural que tiene de vivir sin perjuicio suyo ni de los demás.

No; el Estado no tiene por fin transformar a los hombres de seres racionales en animales o autómatas, sino hacer de modo que los ciudadanos desarrollen en seguridad su cuerpo y su espíritu, hagan libremente uso de su razón, no se profesen odio, furor y astucia, y no se miren injustamente con ojos celosos. El fin del Estado es, pues, verdaderamente la libertad.

Ahora bien, hemos visto que la formación de un Estado no es posible sino con esta condición, y que el poder de dar decretos resida en el pueblo entero, o de varios hombres, o de uno solo. El libre pensamiento de los hombres, ¿no es infinitamente vario? ¿No cree cada cual saberlo todo? ¿No es imposible que todos los hombres tengan las mismas opiniones acerca de las mismas cosas y hablen de ellas en perfecta conformidad?

¿Cómo podrían vivir en paz si cada uno no hiciese libre y voluntariamente renuncia del derecho que tiene de obrar como le parece? El individuo resigna, pues, libre y voluntariamente, el derecho de obrar, pero no el de racionar. Así, el que quiera respetar los derechos del soberano no debe obrar en contraposición a sus decretos, pero puede pensar, juzgar y, por consiguiente, hablar con libertad completa, siempre que ejecute todo esto llamando en su auxilio a la razón, no se deje dominar de la astucia, la cólera, el odio ni procure introducir alteración alguna en el Estado.

Por ejemplo: un ciudadano demuestra que una ley determinada repugna a la razón y piensa que debe ser, por este motivo, derogada; si somete su opinión al juicio del soberano (al cual sólo pertenece establecer y abolir las leyes), y si durante este tiempo no obra contra la ley, merece bien del Estado como el mejor ciudadano; pero si, por el contrario, se lanza a acusar al magistrado de iniquidad, si procura hacerle odioso a la multitud, o bien si, con ánimo sedicioso, se esfuerza en derogar la ley en contra de la opinión del magistrado, es sólo un perturbador del orden público y un ciudadano rebelde.

Vemos, pues, de qué modo cada ciudadano, sin lesionar los derechos ni la autoridad del poder, es decir, sin turbar el reposo del Estado, puede decir y enseñar las cosas que piensa; esto es, abandonando al soberano el derecho de ordenar por decreto las cosas que deben ser ejecutadas y no haciendo cosa alguna contra sus decretos, aunque se vea así obligado a obrar en oposición con su conciencia; lo que puede hacer, por otra parte, sin ultrajar a la justicia ni a la piedad y, es más, lo que debe hacerse si se quiere ser ciudadano justo y piadoso.

En efecto, como lo hemos ya establecido, la justicia entera depende de los decretos del soberano, y nadie podrá ser justo sin conformar su vida a los decretos que de él emanan. Pero la piedad suprema (según lo expuesto en el capítulo precedente) es la que tiene por objeto la paz y tranquilidad del Estado. No hay paz ni seguridad posible para éste, viviendo cada uno a su arbitrio. Hace, pues, una cosa impía aquel que, abandonándose a su imaginación, obra en contra de los decretos del soberano, puesto que si tal conducta fuese tolerada, la ruina del Estado no se haría esperar.

No es esto sólo; un ciudadano no puede obrar contra las inspiraciones de su propia razón haciéndolo conforme a las órdenes de su soberano, porque en virtud de las inspiraciones de su razón resolvió transferir al soberano el derecho que tenía de vivir a su antojo.

La experiencia lo demuestra. En los consejos del soberano o de algún poder inferior es bien raro que una medida cualquiera reúna los sufragios unánimes de todos los miembros y, sin embargo, es decretado por todos ellos, lo mismo por los que votan en contra que por los que lo hacen en pro.

Pero vuelvo a mi proposición. Del examen de los fundamentos del Estado se deduce que cada cual puede usar racionalmente de su libre entendimiento sin lesionar los derechos del soberano. Ahora bien, este mismo examen nos permite determinar fácilmente qué clases de opiniones son sediciosas; son aquellas que, enunciándose, destruyen el pacto por el cual cada ciudadano ha abandonado el derecho de obrar según su voluntad.

Por ejemplo, si uno piensa que el poder del soberano no se funda en el derecho o que nadie está obligado a cumplir sus promesas, o que cada uno debe vivir según su voluntad; y otras del mismo género que están en contradicción flagrante con el pacto de que venimos hablando, es un ciudadano sedicioso, no tanto a causa de su opinión como a causa del acto desarrollado en tales juicios. Por este modo de ver, ¿no quebranta la fe dada, tácita o expresamente, al soberano poder? Pero en cuanto a las demás opiniones que no desarrollan acto alguno en sí mismas y que no llevan a la ruptura del pacto social, a la venganza, a la cólera, etc., éstas no son sediciosas, a no ser en un Estado corrompido, o en que los hombres sediciosos y ambiciosos, enemigos de la libertad, se hayan hecho de tal modo lugar, que su autoridad prevalga en el ánimo del pueblo sobre la del soberano.

No negamos, sin embargo, que haya algunas opiniones que, concerniendo a lo verdadero y a lo falso, sean emitidas y divulgadas con intención aviesa. ¿Cuáles son, pues? Esto es lo que hemos determinado en el capítulo XV.

Si tenemos en cuenta que la fidelidad de cada ciudadano, respecto del Estado, como respecto de Dios, se juzga por las obras, esto es, por la caridad para con el prójimo, no dudaremos que un Estado excelente no concede al individuo más libertad de filosofar que la fe.

Convengo de buen grado en que esta libertad podrá ser origen de algunos inconvenientes; pero ¿cuál es la institución tan sabiamente concebida que no sea origen de inconveniente alguno? Querer someter todo al rigor de las leyes, es irritar al vicio, más bien que corregirle. Lo que no puede impedirse debe permitirse, a pesar de los abusos que de ello nazcan.

¡Cuántos males tienen su origen en el lujo, la envidia, la avaricia, la embriaguez, la ira y otras malas pasiones! Se las soporta, sin embargo, porque las leyes no poseen medios de reprimirlas, aun siendo vicios reales; con mayor motivo debe permitirse la libertad de pensamiento, que es una virtud que no se podrá sofocar.

Agréguese que no da lugar a inconveniente alguno que los magistrados, con la autoridad de que están revestidos, no puedan fácilmente evitar, como demostraré siempre que se me exija. No haré sino recordar que esta libertad del entendimiento es absolutamente necesaria al desarrollo de las ciencias y de las artes, las cuales no se cultivan con éxito sino por los hombres que gozan de toda la libertad y plenitud de su entendimiento.

Pero admitamos que sea posible sofocar la libertad de los hombres e imponerles un yugo hasta el punto de que no osen ni aun murmurar algunas palabras sin la aprobación del soberano: nunca, seguramente, podrá impedirse que piensen lo que quieran. ¿Qué se seguirá de aquí? Que los hombres pensarán de una manera, hablarán de otra y, por consiguiente, la buena fe, virtud tan necesaria en el Estado, se corromperá; que la adulación, tan detestable, y la perfidia estarán en auge, arrastrando el fraude tras sí y, por consiguiente, vendrá la decadencia de todos los hombres de sanas costumbres.

Pero en tanto, es preciso para esto que sea posible obligar a los hombres a conformar sus palabras a una regla determinada y vemos, por el contrario, que cuantos más esfuerzos se realizan para contener la libertad de hablar, más los hombres se obstinan y resisten. Entendiéndose bien que no hablo de los avaros y otras gentes sin virtud y energía, que hacen consistir toda su felicidad en contemplar sus arcas llenas y repleto su estómago, sino de los ciudadanos que deben a una buena educación y a la integridad y pureza de sus costumbres un espíritu más elevado.

Nada soportan, generalmente, los hombres con más impaciencia que ver reprochar opiniones que juzgan verdaderas e imputar crimen lo que por el contrario anima y sostiene su piedad para con Dios y sus semejantes. Ved lo que hace que los hombres acaben por tomar a las leyes horror e inicien mil empresas violentas por un motivo de conciencia.

Ahora bien, puesto que es así la naturaleza humana, ¿no se sigue que las leyes que conciernen a las opiniones se dirigen, no a los culpables, sino a los hombres libres, que en vez de reprimir y castigar a los malvados no hacen sino ¡Tritar a las personas honradas y que, en fin, no es posible sin ocasionar la ruina del Estado tomar su defensa?

Además, las leyes de esta naturaleza son perfectamente inútiles. En efecto; considérense como sanas y verdaderas las oposiciones condenadas por las leyes y éstas no serán obedecidas; repútense, por el contrario, estas opiniones falsas y entonces se aceptará la ley que las condena como una especie de privilegio que no podrán, aun queriendo, abrogar los magistrados.

Añádanse aún las consideraciones que hemos deducido de la historia de los hebreos en el capítulo XVIII, observación 2, y por último todos los sofismas que han surgido en el seno de la Iglesia por esta sola razón de que los magistrados han querido ahogar bajo el peso de las leyes las controversias de los doctores. En efecto, sino esperasen los hombres poner a las leyes y a los magistrados de su parte, elevarse sobre el vulgo y adquirir honores, no se vería tanta animosidad mezclarse en sus luchas y tanta cólera agitar sus ánimos.

Y no es sólo la razón; es la experiencia quien prueba, por ejemplos diarios, que las leyes que prescriben a cada cual lo que debe creer y prohiben hablar o escribir contra tal o cual opinión, han sido sustituidas en provecho de algunos ciudadanos o, más bien, para conjurar la cólera de los que no pueden soportar la libertad de pensamiento y que, gracias a su funesta autoridad, pueden fácilmente cambiar en furor la devoción de un populacho sedicioso y dirigir su cólera a su antojo.

¡Cuánto más sabio no es contener la cólera y el furor de la muchedumbre que instituir leyes inútiles que no pueden ser violadas sino por aquellos que sienten el amor a la virtud y al bien y ponen al Estado en la dura necesidad de no poder soportar en su seno hombres libres!

¿Qué hay más funesto para un Estado que desterrar como a malvados a ciudadanos honrados, porque no participan de la opinión de la generalidad y no saben mentir? ¿Qué hay más fatal que tratar como a enemigos y sentenciar a muerte a hombres que no han cometido otro crimen que el de pensar con independencia? ¡Ved, pues, el tablado, terror de los criminales, que viene a ser el glorioso teatro en que la tolerancia y la virtud brillan en todo su esplendor y cubren públicamente de oprobio a la majestad soberana!

El ciudadano honrado no teme aturdidamente a la muerte ni huye del suplicio, porque su corazón no está torturado por el remordimiento de haber cometido una acción vergonzosa: el suplicio le parece honroso y se vanagloria de morir por la buena causa y por la libertad. ¿Qué ejemplo y qué bien puede producir, pues, una tal muerte cuyos motivos, ignorados por las gentes sin energía, son detestados por los sediciosos y amables a los hombres de bien? Seguramente este espectáculo no puede enseñar más que una cosa: a imitar a los mártires, o si se teme la muerte, a convertirse en cobarde adulador del poder.

Si se pretende obtener de los ciudadanos no una obediencia forzada, sino una fidelidad sincera; si se quiere que el soberano conserve la autoridad con mano firme y no sea jamás obligado a caer bajo los golpes de los sediciosos, se debe necesariamente permitir la libertad del pensamiento, y gobernar a los hombres de tal modo que, siendo abiertamente opuestos en pensamientos, vivan, sin embargo, en una concordia perfecta. No podrá dudarse que este modo de gobernar es excelente y no tiene sino muy leves inconvenientes, atendido que es perfectamente apropiado a la naturaleza humana.

¿No hemos demostrado que en el gobierno democrático (el más cercano al estado de naturaleza), todos los ciudadanos se obligan por un pacto a conformar a la voluntad común sus actos, pero no sus juicios y sus sentimientos, es decir, que todos los hombres, no pudiendo profesar, sobre las mismas cosas, idénticas opiniones, han establecido que adquirirá, fuera de ley, aquella medida que tenga la mayoría de los sufragios, conservando, no obstante, el poder de reemplazar esta medida por otra mejor si se encontrase? Así pues, cuanto menos se concede a los hombres la libertad de pensamiento, más se les aleja del estado que les es más natural y, por consiguiente, más violento es el gobierno.

Falta probar que esta libertad de pensar no da origen e inconveniente alguno que la autoridad del soberano poder no pueda fácilmente evitar, y que basta contener a los hombres abiertamente opuestos en opiniones, en un respeto recíproco de sus derechos.

Los ejemplos abundan y no es preciso, para buscarlos, ¡ir muy lejos: citemos la ciudad de Amsterdam, cuya prosperidad creciente, objeto de admiración por parte de las demás naciones, es fruto de esta libertad. En el seno de esta floreciente república, de esta ciudad eminente, todos los hombres, de cualquier nación y secta, viven en la concordia más perfecta; y para confiar sus bienes a una persona no se informan sino de si es rico o pobre, sospechoso o de buena fe. En cuanto a las diferentes religiones y sectas, ¿qué les importan? Y delante de los tribunales sucede esto mismo; el juez para nada tiene en cuenta las creencias religiosas para la absolución o condena de su acusado, y no hay secta bastante odiosa para que sus adeptos (en tanto no lesionen el derecho de los demás, den a cada uno lo suyo y vivan según las leyes de la moral pública) no hallen públicamente ayuda y protección ante los magistrados.

Por el contrario, en otro tiempo, cuando la cuestión religiosa de los representantes y contrarrepresentantes comenzó a penetrar en el orden político y a agitar los Estados, se vio a la religión devorada por los cismas, y mil ejemplos probaron incontestablemente que las leyes que conciernen a la religión y que tienen por objeto cortar las controversias, no hacen sino irritar la cólera de los hombres en vez de corregirles, que son para muchos ocasión de licencias sin límites, y que además los cismas no tienen por origen el amor a la verdad (el cual es, por el contrario, manantial de dulzura y mansedumbre), sino un violento deseo de dominación.

Lo que prueba clarísimamente que verdaderos cismáticos son más los que condenan los escritos de los demás y acusan sediciosamente contra ellos a la mal contenida plebe que los mismos escritores que, las más de las veces, no se dirigen sino a los hombres doctos y no llaman en su auxilio sino a la sana razón; además de que aquellos son verdaderos perturbadores del orden público que, en un Estado libre, pretenden destruir esta libertad del pensamiento que nada puede aniquilar.

Así pues, hemos demostrado:

1) Que es imposible privar a los hombres de la libertad de decir lo que piensan.

2) Que sin atentar al derecho y a la autoridad de los soberanos, esta libertad puede concederse a cada ciudadano, siempre que de ella no se aproveche para introducir alguna innovación en el Estado o para cometer alguna acción contraria a las leyes establecidas.

3) Que cada cual puede gozar de esta misma libertad sin turbar la tranquilidad del Estado y sin que de ello resulten inconvenientes cuya represión no sea fácil.

4) Que cada cual puede disfrutar de ella sin atentar a la piedad.

5) Que las leyes que conciernen a las cosas de pura especulación son perfectamente inútiles.

6) Que no solamente esta libertad puede conciliarse con la tranquilidad del Estado, con la piedad y con los derechos de la soberanía, sino que es necesaria a su conservación.

Allí, en efecto, donde se procura esclavizar a los hombres; allí donde se hace un proceso a las opiniones disidentes, y no a los individuos que son falibles; allí donde se da como ejemplo el suplicio de las personas honradas, y estos suplicios se consideran como verdaderos martirios que inflaman la cólera de los hombres de bien y excitan en ellos sentimientos, no de piedad, sino de venganza, en vez de llevar a su alma el terror.

Las sanas prácticas y la buena fe se corrompen, el engaño y la perfidia prosperan, los enemigos de las víctimas triunfan viendo al poder hacer a su furor tales concesiones y, por tanto, constituirse en sectario de las doctrinas cuyos intérpretes se consideran. ¿Qué sucede, en fin? Que estos hombres usurpan toda autoridad, se declaran inmediatamente elegidos de Dios, proclaman divinos sus decretos y simplemente humanos los que emanan del gobierno, a fin de someterles a los decretos divinos, es decir, a sus propios decretos. ¿Quién desconoce lo contrario que es este exceso al bien del Estado?

Por esto concluyo, como ya lo he hecho en el capítulo XVIII, que nada hay más seguro para el Estado que encerrar la religión y la piedad entera en el ejercicio de la caridad y de la equidad, restringir la autoridad del soberano, tanto en lo que concierne a las cosas sagradas como en lo concerniente a las profanas, a los solos actos, y permitir, en lo restante, pensar y expresar libremente el pensamiento.

Aquí termina la exposición de la doctrina que había resuelto establecer en este tratado. No me resta sino declarar que nada he escrito en este libro que no someta de buen grado al examen de los soberanos de mi patria. Si juzgan que alguna de mis palabras es contraria a las leyes de mi país y al bien público, yo la retiro. Sé que soy hombre y puedo equivocarme; pero me atrevo a afirmar que he hecho todo lo posible para no engañarme y conformar, ante todo, mis escritos a las leyes de mi patria, a la piedad y a las buenas costumbres.