Para derrotar el ajuste K


 

Tarifazo, techo salarial en las paritarias, ajustes de las cuentas publicas, reconciliación con los complices y participes del genocidio (Milani), entrega a Chevron e indemnizaciones a Repsol, discursos macartistas contra la izquierda y justificando los fallos inauditos contra los petroleros de Las Heras. El kirchnerismo se ha convertido abiertamente en un instrumento del ajuste y las políticas de normalización que la gran burguesía exigia. El lema ha dejado de ser “Democracia o corporaciones” para transformarse en la democracia de las corporaciones patronales e imperialistas, con el añadido de la corporación judicial donde recurre a jueces procecistas para liberar a los polícias del caso Arruga y sacar fallos contra la huelga docente. No es de extrañar que el macrismo los aplauda a rabiar. Frente a ello se alzan los docentes con su reclamo salarial y su huelga de ribetes históricos que obliga a una burocracia sindical adicta y obsecuente como la del SUTEBA a luchar y que enmarca un paro general que promete ser extraordinario no por los objetivos de sus dirigentes, agentes de una oposición burguesa reaccionaria, sino por la bronca de las bases que quieren expresar su rechazo al ajuste.

No perdamos tiempo hablando del kirchnerismo que ya se saco la careta, ni de la oposición que hace tiempo demostró su carácter reaccionario. Se trata de evaluar si la clase trabajadora puede derrotar el ajuste. Lo cual es un tema complejo porque derrotar el ajuste es derrotar al gobierno y ponerlo contra las cuerdas, es decir dictar su agonia. Por ello la burguesía cierra, aunque de manera frágil e inestable,  filas con el kirchnerismo -que con el anuncio del tarifazo echa leña al fuego- y la burocracia se cuida de no anunciarlo como parte de un plan de lucha que permita a la clase trabajadora tensar sus musculos y lograr sus objetivos economicos y políticos; a saber el fin del techo a las paritarias y la derrota del ajuste. El conflicto docente muestra que fuerza hay y allí donde existe activismo e izquierda se autoorganizan empujando las lucha hasta el final.

El tema es que ningun sector de los trabajadores por si solo puede lograr la derrota del gobierno y la burguesía sino que d dicho obejtivo se logra mediante la unidad de la clase obrera en grandes acciones sociales y en alianza con el pueblo pobre. Y el escollo para ello es siempre la burocracia sindical que opera contra la potencialidad de la lucha de los trabajadores y la rebaja a meros movimientos de presión al servicio de alguna fracción burguesa. Sin embargo, el paro general es un reconocimiento de la fuerza de los trabajadores. Pero un paro general no basta para derrotar un plan de ajuste liberal de un gobierno peronista. Así lo demuestra la experiencia histórica de la clase obrera argentina. Fue una huelga general de caracteristicas semi-revolucionarias -las jornadas de junio y julio de 1975- la que derrotó el plan liberal de Isabel, Lopez Rega y Celestino Rodrigo, y la misma se llevo adelante por la fuerza de la izquierda y el clasismo en las comisiones internas y cuepros de delegados que empujaron a la burocracia semifascista de entonces a la ruptura con el gobierno y la huelga. Y hoy por hoy, a pesar del peso creciente de la izquierda clasista y el activismo en el movimiento obrero de base, no se puede comparar con el poder social y la organización de base de las coordinadoras interfabriles de 1975, y la radicalización política e ideológica de la clase obrera y la juventud esta lejos de aquellos años y con condicionantes históricos muy fuertes todavía. Amén de que la situación economica no es aún de catástrofe como lo era en 1975.  A favor que la izquierda peronista , si se la puede llamar así, es el agente del ajuste y no una fuerza de contención como fue la JTP, y que la burocracia esta lejos de ser lo que era entonces bajo el comando del Loro Miguel. Es una tarea a desarrollar y hay que aprovechar el desgaste del gobierno y de la burocracia sindical deslegitimada, que se ve obligada a luchar, para avanzar en organización, ganar poder social e independencia de clase en la vanguardia de los trabajadores para hacer real dicha perspectiva. Las jornadas del 9 de abril votadas en el Encuentro de Atlanta son la gran ocasión de praparar una intervención contundente de la vanguardia obrera.

Tomar el paro en nuestras manos significa entonces plantearse objetivos independientes, como la absolución de los petroleros de Las Heras entre otros puntos, y hacerlo activo contra la voluntad de la burocracia para ser un factor de organización del movimiento obrero combativo. Se trata de hacer un paro político no para apoyar a Massa -como denuncia el gobierno y pretende el moyanismo-barrionuevismo- sino para derrotar el ajuste.

 

Una confesión y un nuevo grupo de tareas (Alejandra Dandan y Victoria Ginzberg. P12)


“Las prácticas concretas que afectan al suscripto (…) están referidas virtualmente al método ordenado para la ejecución física de los subversivos prisioneros, los cuales sin ningún tipo de juicio de defensa, se me ordenaba matarlos a través de los distintos médicos a mis órdenes con inyecciones mortales de la droga Ketalar. Luego los cuerpos eran envueltos en nylon y preparados para ser arrojados de los aviones Fiat G 22 o helicópteros al Río de la Plata. Dichas máquinas partían en horarios nocturnos desde el batallón de aviación del ejército seiscientos uno (601). Las ejecuciones o asesinatos llevados a cabo por este método fueron cincuenta y tres, siendo cuatro de ellos extranjeros. Otro método de ejecución fue el fusilamiento ordenado por el comandante de Institutos Militares con la presencia de los directores de las distintas escuelas de armas y otros institutos para que dichos oficiales superiores adquieran una responsabilidad comprometedora al avalar con su presencia esta práctica aberrante.” La confesión pertenece al represor Eduardo Francisco Stigliano. No fue hecha en la Justicia, sino que figura en un reclamo administrativo ante el Ejército. Fue uno de los hallazgos que dejó el trabajo de reconstrucción que está realizando la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. El documento es una prueba fundamental en el juicio que se está realizando por el asesinato y desaparición de quienes participaron de la Contraofensiva. Y es importante porque aportó detalles en primera persona sobre delitos de lesa humanidad, confirmó que en Campo de Mayo se concentró el accionar represivo a los miembros de la organización Montoneros que regresaron al país entre 1979 y 1980 y, además, fue clave para identificar a un grupo de tareas hasta el momento desconocido: la SOE (Sección de Operaciones Especiales de la guarnición de Campo de Mayo).

Los familiares de las víctimas reclaman ahora que la jueza Alicia Vence llame a declarar a los represores que salieron a la luz a partir de esa investigación, que son varias decenas. Vence convocó en las últimas semanas a trece integrantes del Ejército, cuadros medios y superiores. Hasta el momento quedaron bajo arresto domiciliario cinco acusados, entre ellos, Ricardo Pianta, ex jefe del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín y jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares en los años que abarca este expediente; Raúl Muñoz, ex intendente interventor de Florencio Varela y jefe del Departamento Personal del Estado Mayor entre 1980 y 1982, y Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividad Psicológica del Batallón 601.

El martes, el juzgado retomará la actividad con la indagatoria de Marcelo Cinto Corteaux, ex jefe de la primera sección del Ejército del 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Las querellas integradas por hijos de los militantes, sobrevivientes, madres o hermanas se alegran por los avances pero entienden que son un primer paso. Hace meses, entregaron a la Justicia decenas de nombres integrantes de las patotas, cuadros medios e inferiores con responsabilidad en la acción directa. Los datos provienen de una reconstrucción casi arqueológica realizada por familiares y distintas agencias del Estado abocadas a las políticas de desclasificación y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas. Los familiares encontraron en los archivos documentación que confirma hipótesis supuestas desde hace treinta años o piezas del rompecabezas que todavía faltaban.

Uno de los primeros documentos importantes fue el expediente por el trámite de salud de Stigliano. El 17 de octubre de 1991, el teniente coronel hizo su descargo sobre su trastorno de salud –“una especie de neurosis con síndrome violento”– en su domicilio, ante un oficial de la Brigada de Caballería Blindada Dos de Entre Ríos, que se trasladó hasta su casa. Stigliano tenía en ese momento 48 años. Había sido jefe de la Sección de Operaciones Especiales (SOE) de Campo de Mayo y había recibido una condecoración del entonces jefe del Comando de Institutos Militares Cristino Nicolaides, “por su lucha contra la delincuencia terrorista”. Es en ese trámite donde describe cómo le ordenaron ejecutar prisioneros indefensos y arrojarlos vivos al Río de la Plata. El testimonio, con el que el militar pretendía conseguir un retiro anticipado por las secuelas que le había dejado “la lucha contra la subversión”, se encontró entre 2006 y 2007. Allí, el militar afirma tener “pesadillas en forma permanente, relacionadas con las actividades que, como jefe de la Sección Operaciones Especiales de la guarnición militar de Campo de Mayo, se me ordenaron ejecutar y que constituyeron violaciones flagrantes a la Constitución, las leyes y reglamentos militares, toda vez que se identificaron con las prácticas más aberrantes que se puedan concebir, en relación al respeto básico de los derechos del prisionero de guerra consagrados en los Convenios de Ginebra, el derecho internacional de guerra y otras leyes que rigen el orden internacional”.

En su escrito, Stigliano argumenta que “sufre una especie de neurosis con síndrome violento” y que tiene “un impulso irrefrenable de venganza hacia quienes lo llevaron a esta situación, ‘combatientes de escritorio’, que mientras nos ordenaban asesinar, ellos se preocupaban por el mantenimiento de sus prebendas y de los mal llamados botines de guerra”. Stigliano relató también una visita del general Leopoldo Fortunato Galtieri a “un campo de prisioneros borrado oportunamente” dentro del ámbito de Campo de Mayo y amenazó con difundir la lista de las víctimas, las matrículas de los aviones usados en los vuelos de la muerte, los nombres de los gendarmes que vigilaron a los prisioneros y del personal que fue testigo de “los fusilamientos y otras formas de ejecución”. En ese sentido, advertía que si le sucedía “cualquier evento natural o traumático”, la información que estaba a resguardo en “dos sobres lacrados en la caja fuerte de un estudio jurídico” sería revelada.

Stigliano murió poco después de hacer este reclamo. Cuando su legajo y los valiosos datos que contenían fueron advertidos por el Ministerio de Defensa, se ordenaron allanamientos a su casa en Entre Ríos y los estudios jurídicos involucrados, pero no se encontró ninguna documentación en la que figuraran los nombres de las víctimas o las matrículas de los aviones que se usaron para asesinarlas.

Campo de Mayo

El juez Ariel Lijo condenó en 2007 a una decena de represores del 601 –Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval, Pascual Omar Guerrieri y Santiago Manuel Hoya, entre otros– en una causa en la que se ventiló la responsabilidad del 601 en la represión de la Contraofensiva y que involucró a seis víctimas. El expediente que tiene a su cargo Vence, que abarca a 85 víctimas, intenta reunir a todos los sectores y responsables que intervinieron y reconstruir y entender el episodio completo. De acuerdo con la información obtenida hasta ahora se desprende que la persecución del grupo de la Contraofensiva fue realizada por dos estructuras del Ejército: el Batallón de Inteligencia 601, que desde 1978 estaba en Campo de Mayo (y de la que dependía el 201, de Inteligencia de Campo de Cayo) y la SOE (Sección de Operaciones Especiales) del Comando de Institutos Militares. El 601 trabajaba en las persecuciones al exterior (Brasil, Europa) y hacia adentro hacía el “trabajo” la SOE.

El hallazgo del trámite administrativo de Stigliano permitió comenzar a reconstruir la Sección Operaciones Especiales (SOE), que era casi una estructura fantasma, porque hasta ese momento no aparecía asentada como parte del organigrama de Campo de Mayo. El año pasado, Página/12 dio cuenta del trabajo de reconstrucción que realizó en los últimos años la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, a cargo de Stella Segado. En ese momento se dijo que la SOE se había creado en el Comando de Institutos Militares, que era una institución educativa y no de combate. La Orden Parcial 405-76 de mayo de 1976 incorpora este lugar a la zonificación militar, nombrándola como “Zona 4”. En esta zona tomó cuerpo una estructura de inteligencia ad hoc que por falta de personal debió nutrirse de las distintas Escuelas del Comando de Institutos. Estos oficiales integraron la Sección Operaciones Especiales, la SOE, que en criollo era un grupo de tareas. La mayor parte de sus miembros estuvieron en el SOE sólo de modo transitorio. Permanecían dos o tres meses en “comisión de servicios” y solamente iban a hacer tareas operativas. El área estuvo comandado por el capitán Martín “El Toro” Rodríguez y a partir de 1979 por Stigliano. De acuerdo con la reconstrucción que hizo el Ministerio de Defensa, es posible que en cada etapa de la SOE haya habido unas 20 o 30 personas que rotaban cada dos o tres meses. De esta manera, los “operativos” que estuvieron involucrados en los dos años que se investigan en la causa son varias decenas.

La patota

En el legajo de Stigliano figura un reclamo por una herida. Eso fue fundamental para vincularlo directamente con los secuestros de la Contraofensiva. El 17 de septiembre de 1979 fueron asesinados en Munro y en una emboscada dos integrantes de la conducción nacional de Montoneros: Armando Croatto y Horacio Mendizábal. Habían vuelto al país en el marco de la primera Contraofensiva y la patota llevó a una cita a Jesús María Luján, el “Gallego Willy”, que ya estaba secuestrado. Cuando los vio, salió del auto, les gritó que era una cita cantada y se armó un tiroteo. Stigliano estaba ahí y terminó herido. En su legajo se asentó entonces la felicitación de Nicolaides por el mérito al combate. A partir de esa mención, Defensa comenzó a buscar los nombres de quienes habían recibido la misma buena nota. Sabían que podían ser 30 o 25 porque en el legajo de Stigliano aparecía en lápiz un “1sobre25”. En Defensa dicen que en ese momento se dieron cuenta de que a Nicolaides le encargaba felicitar a su gente, lo hacía frente a cada operativo y eso facilitó la tarea. Además, la relación de Stigliano con la Contraofensiva estaba confirmada por un viejo testimonio de una sobreviviente en la Conadep. Ella indicaba que él le levantó la capucha y que le tomó “declaración”. Con esos datos comenzó la reconstrucción de la SOE. Fueron encontrando integrantes de Gendarmería, del Servicio Penitenciario Federal, o sea, que el grupo de tareas estaba formado por fuerzas conjuntas. De allí sacaron la lista de decenas de imputados que tiene ahora la jueza.

La otra pata represiva en esta causa está integrada por el 601, lo que se conoce como el “grupo Hoya” y que fue en parte investigada por el juez Lijo. Pero los querellantes descubrieron que quienes trabajaban con Hoya podían ser más de veinte y aspiran a que se profundice esta línea en el expediente de Vence.

“Hicimos un trabajo de investigación y van surgiendo responsabilidades. Tenemos sospechas, testimonios. Ahora falta el trabajo de la jueza y la fiscalía”, señaló a Página/12 Florencia Tajes Albani, hermana de Daniel Crosta, desaparecido en septiembre de 1979. “Queremos que la jueza llame a todos y que no desguace la causa, que arme una megacausa”, agregó en el mismo sentido Daniel Cabezas, sobreviviente y hermano de Gustavo, secuestrado en 1976 por un grupo de la escuela de comunicaciones de Campo de Mayo. El abogado Pablo Llonto, representante de los familiares de las víctimas, cree que “lo que hizo la jueza hasta ahora es importante y estamos conformes, pero sabemos que son más y no podemos sino hacer los deberes para que todos los genocidas vayan a la cárcel. Los querellantes esperan el segundo paso, que sería la indagatoria a todos los involucrados”.

Facsímil de la declaración de Stigliano en el expediente administrativo de 1991.

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¿Patria sí, colonia no?


Los militantes k suelen repetir la antigua consigna de ¡Patria sí, colonia no! que enarbolara la resistencia peronista contra el regimen libertador y la JP en los setenta. Una emblematica lucha de la resistencia fue la huelga de los petroleros de 1958 contra el gobierno de Aramburu y Rojas. La huelga comenzo en Neuquen el 13 de febrero de ese año, exigiendo la reicorporación de los trabajadores despedidos por cuestiones políticas y otras demandas obreras; lo que fue respondido por el gobierno de la fusiladora con la militarización de las areas petroleras por parte del Regimiento 10 de Infanteria de Covunco y la puesta bajo ley marcial de las actividades huelguisticas, resultando en la intervención militar del SUPE (sindicato de los petroleros) y la detención de cerca de 300 trabajadores. La respuesta obrera se hizo popular y una pueblada en Cutral Co y Plaza Huincul se enfrento a las fuerzas de ocupación militar dando nuevos brios a la acción obrera. Un Comite de Huelga fue la cabeza del movimiento que se apoyo en una extendida red de solidaridad obrera y popular. La huelga finalizo el 7 de marzo habiendo obtenido a medias sus demandas y enfrentado valientemente la militarización. Cabe decir que los trabajadores de YPF identificaban la huelga con la defensa de la soberania petrolera frenta a un gobierno a quien identificaban como agente del imperialismo. Como señalaba un trabajador de YPF: “resolví, con los demás compañeros, ir a un paro para defender los derechos del petróleo, (de no hacerlo) seria un traidor de la clase trabajadora, y yo prefiero la muerte y no traicionar a mi clase”. La consigna ¡Patria sí, colonia no! Era entonces para los trabajadores de la resistencia peronista un grito de guerra contra gobiernos que intentaban destruir sus derechos por se fieles sirvientes del imperialismo.Paradojicamente fue un gobierno peronista, el de Menem (que en su momento fue apoyado entusiastamente por el entonces gobernador de Santa Cruz, Nestór Kirchner) el que privatizo el petroleo e invirtio la formula de la consigna de los resistentes: ¡Colonia sí, Patria no!. El kirchnerismo, por su parte, anuncio con bombos y platillos el retorno a la soberanía petrolifera para terminar ejecutando un plan de entrega a la Chevron y un multimillonario salvataje económico a los expoliadores de Repsol. Como frutilla del postre, CFK ataca a los trabajadores petroleros de Las Heras -que protagonizaron una pueblada contra la represión a sus piquetes y dirigentes- como criminales y amenaza al conjunto de la protesta social con la acción represiva del estado.

Toda una metafora del devenir histórico del nacionalismo burgués. No hace falta revolver mucho para darse cuenta que los argumentos kirchneristas se acercan más al del gorilismo antiobrero y antiperonista de los partidarios de la libertadora, para defender el status del ¡patria no, colonia sí! del menemismo. Y que se encuentra lejos, muy lejos del ¡Patria sí, colonia no! de los obreros de la resistencia peronista.

La absolución de los petroleros de Las Heras, es, frente a un gobierno que premia a los monopolios imperialistas, una causa nacional para toda la clase trabajadora.

Los petroleros de Las Heras, la justicia de clase y el derecho a la resistencia


A los petroleros de Las Heras los condenaron por una causa armada y con declaraciones extraídas bajo tortura. Sin embargo, para el gobierno que se declaró alguna vez como hijo de las Madres de Plaza de Mayo, esto tiene poca importancia y en boca de CFK, en las mismísimas sesiones de apertura del Congreso, acuso a los compañeros condenados de asesinar a sangre fría a un policía y a la izquierda de defender un crimen. En un país donde los genocidas aún caminan libremente gracias a un pacto de impunidad arreglado con los políticos burgueses (y donde solo un puñado ha sido condenado), donde los mismos políticos burgueses que se enriquecieron mediante la corrupción son la voz del régimen, donde los empresarios inescrupulosos responsables de grandes tragedias como la de Once gozan de su libertad y disponen de su fortuna, donde los jueces de la dictadura y el menemismo legislan la vida de las personas, los únicos condenados severamente por la justicia (de clase) son trabajadores petroleros que reclamaban por la libertad de sus dirigentes injustamente detenidos por haber organizado un piquete sobre la entrada de las empresas. Evidentemente el acuerdo del kirchnerismo con Chevron y Repsol tiene el precio de condenar todo intento legitimo de los trabajadores o la población de perjudicar la producción de las petroleras.

Pero volviendo al hecho original y más allá de toda consideración jurídica, desde el estricto punto de vista de la lucha de clases, la violencia contra la comisaria de Las Heras donde estaba detenido el dirigente petrolero Navarro por encabezar un piquete (reitero) se inscribe dentro del inalienable derecho a la rebelión y la resistencia que cabe a los pueblos ejercer frente a la tiranía y la injusticia, tal como figura en la Declaración de los Derechos del Hombre redactada por la Convención revolucionaria francesa a fines del siglo XVIII y que dicta el origen de la democracia burguesa. No se trata de un hecho criminal, sino de un acto de lucha de clases, de un enfrentamiento social entre quienes defendían su trabajo y quienes actuaban como gendarmes y perros guardianes de los intereses de las petroleras. En oposición resulta paradigmatico como la burguesía premia a sus agentes o los protege; llama la atención como los asesinos de Mariano Ferreyra recibieron una pena mucho menor a la que les correspondía, o el asesino de Fuentealba o directamente de la impunidad que gozan los asesinos del Parque Indoamericano o de los Qom.

La libertad de los petroleros de Las Heras es para los trabajadores y la izquierda revolucionaria no solo una cuestión de la más estricta justicia por la canallada judicial que significa condenar a gente mediante torturas, sino también la defensa de su derecho a la autodefensa, la acción directa y el ejercicio de la violencia para enfrentar la opresión.