La actualidad del debate setentista


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TERCERA EDICIÓN DE INSURGENCIA OBRERA EN ARGENTINA

Acaba de publicarse la tercera edición de Insurgencia obrera en la Argentina, 1969-1976. Clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda, de Ediciones IPS-CEIP. Aquí presentamos un extracto del nuevo prólogo que escribieron los autores para un libro que sale a la luz cuando otra vez están en discusión los balances sobre el último ensayo revolucionario en Argentina.

RUTH WERNER Y FACUNDO AGUIRRE

Número 31, julio 2016.

Al momento de escribir el prólogo de esta tercera edición de Insurgencia obrera, la situación política argentina ha variado sustancialmente con respecto a su primera aparición en 2007.

En esa oportunidad, nos habíamos propuesto restituir el lugar de la clase obrera y de la lucha de clases en el proceso social y político abierto en Argentina después del Cordobazo. Desde la elección de su título buscábamos señalar que el sujeto peligroso para los intereses capitalistas radicaba en la clase obrera, en su lucha y autoorganización. El período setentista había sido inaugurado por una del poder en Argentina. La resolución trágica a este interrogante fue el golpe genocida del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

Tuvimos el objetivo de destacar las experiencias de lucha y autoorganización de la clase obrera relevando sus procesos más avanzados y la tendencia a conquistar la independencia de clase. Rescatábamos los elementos políticos y de lucha que prefiguraban nuevas formas de organización de una clase obrera cuya dirección desde 1945 había sido el peronismo y su burocracia sindical. El nacionalismo burgués adoctrinó durante todo este insurrección de masas acaudillada por la clase trabajadora, y esa misma clase entre 1969 y 1976 protagonizó una seguidilla de levantamientos, huelgas salvajes, tomas de fábricas con rehenes, enfrentamientos violentos con la fuerza del régimen, persecución fascista de la Triple A y de la burocracia sindical, y una huelga general en junio-julio de 1975 que dio luz a un doble poder a nivel fabril: las coordinadoras interfabriles de Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, Berisso, Ensenada y Córdoba. En aquellas jornadas se abrió una crisis revolucionaria que puso al orden del día la cuestión de quién era el dueño periodo en el discurso de la colaboración de clases y en la idea de fortalecer al Estado capitalista como instrumento para enfrentar al imperialismo.

En Insurgencia obrera dimos cuenta de un proceso novedoso, el inicio de un fenómeno de ruptura con el orden burgués, que planteaba la urgencia de construir un partido revolucionario de la clase obrera, apoyándose en el surgimiento de organizaciones para la lucha de clases que cuestionaban al capitalismo y sus representaciones políticas.

El año 1975 recibió un tratamiento clave. Cuando comenzamos la elaboración del libro no existía casi información detallada sobre aquella extraordinaria huelga general política que derrotó al Plan Rodrigo, verdadero antecedente de la política económica implementada por la dictadura y, más tarde, por el menemismo. En ese sentido, Insurgencia obrera junto a La guerrilla fabril de Héctor Löbbe1 fueron pioneros en este campo de investigación histórica. En junio y julio de 1975, una vanguardia masiva de la clase obrera desafió a la burocracia sindical y empujó al conjunto de los trabajadores a protagonizar por primera vez en su historia una huelga general contra un gobierno peronista. Tampoco existía en ese entonces material bibliográfico sobre las coordinadoras, las organizaciones creadas por los trabajadores combativos para enfrentar a Isabel Perón, Celestino Rodrigo y José López Rega. La tarea de escribir este libro fue entonces también una labor de reconstrucción: ¿cuántas fábricas abarcaban las coordinadoras, qué influencia tuvieron, cuál era el papel de las comisiones internas y cuerpos de delegados, qué rol jugaron las corrientes políticas? fueron algunas de las preguntas que nos hicimos para traer al presente ese proceso de organización que apuntó a un doble poder fabril en un momento de aguda crisis capitalista.

La interpretación de los años ‘70 como un proceso revolucionario exigía, además, un balance de las fuerzas políticas y, en particular, de aquellas que actuaron en nombre de la clase obrera, la liberación nacional y el socialismo. Por un lado, se trataba de desmentir la visión voluntarista que desplazaba como sujeto peligroso a la clase obrera para depositarlo en las organizaciones que reivindicaban la lucha guerrillera y, por el otro, era necesario llegar a conclusiones tácticas y estratégicas que actualizaran la comprensión marxista del periodo.

Este punto de vista, anclado en la crítica a las estrategias políticas que emplearon aquellos que hablaron en nombre de la izquierda, intentaba saldar un debate ausente. Como militantes trotskistas comprendimos que era necesario un balance de las corrientes que hablaron en nombre de las ideas de la IV Internacional. Esta fue una gran falencia de los partidos que se reivindicaban del trotskismo y que se negaron a revisar críticamente su propia experiencia para preparar a las nuevas camadas militantes que nacieron a la vida política bajo el proceso de la restauración democrático-burguesa. Para nosotros, en cambio, era una tarea fundamental para plantear la actualidad teórica y estratégica del socialismo revolucionario.

Cuando publicamos la primera edición de Insurgencia obrera, el relato kirchnerista sobre los años ‘70 comenzaba a transformarse en uno de los principales instrumentos de legitimación política del gobierno y del régimen político. El rechazo popular a la casta política, como producto de la crisis vivida en 2001 con la caída del gobierno de la Alianza y la persistencia de la movilización democrática contra la impunidad a los genocidas, llevó a Néstor Kirchner a ensayar un giro en la doctrina del Estado respecto del genocidio. El 24 de marzo de 2004, el Presidente ordenó al entonces Jefe del Ejército retirar los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone colgados en el Colegio Militar. Más tarde, frente a la ESMA pidió perdón por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Ese acto inauguró un cambio en la política de derechos humanos y la apropiación por parte del kirchnerismo de lo que el dirigente del PTS, Christian Castillo, denominó el tercer relato sobre los años ‘70.

Ese relato habíase constituido en rechazo a la teoría de los dos demonios, paradigma de la restauración democrático burguesa en 1983 sobre la base de la condena a la violencia de todo signo y de reivindicación de la tolerancia democrática. La persistencia de la impunidad y la degradación de la democracia burguesa argentina abonaron el surgimiento de ese tercer relato que puso el eje, a la hora de interpretar los años ‘70, en el rol jugado por las organizaciones guerrilleras. Sobre esta visión, Christian Castillo plantea que, a partir del 20º aniversario del golpe, comenzó a haber una

… reivindicación de la pertenencia y de la acción militante de los desaparecidos, un discurso sostenido hasta ese momento solamente por las Madres de Plaza de Mayo (en particular por el sector liderado por Hebe de Bonafini) y por los partidos de izquierda. Es así que se publicaron distintos libros y artículos reflejando la actividad militante de quienes luego fueron ‘desaparecidos’ por la dictadura, así como también diversos análisis del proceso y libros compilando documentos políticos de la época.

Este “tercer relato”, agrega Castillo,

… con la enorme diferencia respecto de los anteriores de reivindicar la militancia revolucionaria, también subestima las grandes acciones de masas protagonizadas por la clase obrera, tanto en el período previo al golpe como bajo la misma dictadura2.

El kirchnerismo hará propio este “tercer relato”, aunque con variantes. Partiendo de situar a su movimiento como continuidad histórica en la nueva etapa de la política de la izquierda peronista en los años ‘70, su relato rescataba fundamentalmente al gobierno de Héctor Cámpora como una oportunidad democrática desperdiciada por el acoso de la derecha, pero también por la impaciencia de la izquierda del peronismo.

Para el kirchnerismo era esencial reivindicar la alianza de clases que llevó al poder a Cámpora y, más tarde, a Juan Domingo Perón. Es habitual leer que para el kirchnerismo el motivo fundamental del golpe del ‘76 no fue la necesidad de derrotar a la clase trabajadora por el peligro que expresaba para el capitalismo argentino, sino el de acabar con un supuesto modelo industrial encarnado por el peronismo, para favorecer a los grandes grupos económicos de la burguesía diversificada y el capital financiero. Se trataba de un golpe antiperonista. Curiosamente el relato kirchnerista eludió siempre un tema fundamental: justamente había sido el peronismo el impulsor de la Triple A.

La apropiación del “tercer relato” por parte del kirchnerismo servirá para restaurar la legitimidad del peronismo, o de cierta lectura del peronismo, como movimiento político que bajo el menemismo había sido el responsable de la entrega nacional y la destrucción de las conquistas de los trabajadores durante la década de 1990. Promoviendo la nulidad de las leyes del perdón y el comienzo del juzgamiento a los genocidas, el kirchnerismo concitó el apoyo de un amplio arco de organizaciones de derechos humanos. La posterior adaptación de esos organismos al Estado y a la política oficial los llevó a una degradación, a punto tal que la organización más emblemática conducida por Hebe de Bonafini, quedó salpicada por la participación de Sergio Shocklender en un entramado de corrupción vinculado a la obra pública, provocándole un enorme daño al prestigio de esta organización nacida al calor de la resistencia a la dictadura.

Esta versión del “tercer relato” encumbrada a discurso oficial terminó por enterrar a la “teoría de los dos demonios”. El contexto en que se había impuesto esa teoría había sido el de la derrota de la clase obrera a manos de los genocidas y el del fracaso estrepitoso de la dictadura en Malvinas. La “teoría de los dos demonios” rescataba valores democrático-burgueses e institucionales caros a la historia de la Unión Cívica Radical que evitaba cuestionar el papel de Ricardo Balbín y de la mayoría del Partido Radical como impulsor del golpe de 1976 así como su participación con funcionarios civiles en la dictadura. El gobierno de Raúl Alfonsín desde su inicio se lanzó a rescatar a las FF.AA. cuestionadas por el genocidio, la ruina nacional y la guerra de Malvinas garantizando la impunidad de la camarilla militar. No iba a haber ni paredones ni tribunales populares, anunció de entrada y, a cambio, solo se juzgó a los cabecillas del golpe. Poco después el mismo gobierno alfonsinista –levantamientos de Semana Santa de por medio– sería autor de las nefastas leyes del perdón, el punto final y la obediencia debida.

El kirchnerismo representó otro momento de la restauración democrático-burguesa argentina. Su función política era contener a las masas luego del estallido de diciembre de 2001. Para lograrlo necesitaba incorporar de alguna manera las demandas populares que habían puesto en jaque a la casta política capitalista, y encontró en la reivindicación de los derechos humanos una bandera que le permitió avanzar en la colonización por parte del Estado de los movimientos que habían luchado contra la impunidad.

Desde aquella edición original de 2007 al día de hoy, el eje de la superestructura política argentina se ha corrido fundamentalmente hacia la derecha. En el terreno de los derechos humanos, el macrismo, aliado a la UCR y a Elisa Carrió en Cambiemos, busca instaurar un nuevo paradigma de la derecha argentina reivindicando para sí el republicanismo que caracterizara a los partidos políticos que apoyaron los golpes militares desde 1955 en adelante.

Lentamente el gobierno de Cambiemos va construyendo su propio “relato” sobre la década del ‘70 y la dictadura. El Secretario de Cultura del gobierno de CABA, Darío Lopérfido, afirmó que la cifra de 30.000 desaparecidos era falsa y se cuela cada vez en voz más alta la cuestión de que los temas del pasado reciente evitan hablar de los derechos humanos actuales, y que lo que se busca es la venganza, lejos de la justicia. La crítica, en boca de Cambiemos, a la estatización de la mayoría de los organismos de derechos humanos durante la era kirchnerista, y los hechos de corrupción que se suscitaron, abonan un retorno a una especie de teoría de los dos demonios edulcorada para el amplio arco no abiertamente de derecha de las capas medias.

No se condenan directamente los juicios a los genocidas llevados adelante durante la era kirchnerista. El mecanismo es más sinuoso. Los diarios Clarín y La Nación y los intelectuales nucleados en Club Político Argentino han lanzado la consigna de que es necesaria una “autocrítica” de quienes fueron integrantes de las organizaciones guerrilleras. El planteo no es novedoso: equiparando la violencia encarnada desde el aparato de Estado con la de la guerrilla, se repite que ya habría habido suficiente condena del terrorismo estatal y ahora estaría faltando la “contraparte”.

Respecto de los juicios a los militares genocidas, Graciela Fernández Meijide o Elisa Carrió, vienen insistiendo en que hay que implementar una política similar a la de Sudáfrica de “verdad por perdón”. Vale recordar que La Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) creada en 1995, implementada por el gobierno de Nelson Mandela y que finalizó su tarea en el año 2003 emprendió la tarea de elaborar un informe conteniendo violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen del Apartheid. Respecto de las limitaciones de este proceso, en el artículo de Matías Cerezo “Sudáfrica: modelo para desarmar” puede leerse:

Una de las principales es que no se diferenciaron responsabilidades. Al no ser considerado el apartheid como delito de lesa humanidad, el perpetrador es igualado con el militante que participó en la resistencia al sistema. La figura del perpetrador aparece desligada del Estado.

Cerezo concluye:

El énfasis de la Comisión sobre la violencia obstaculiza una comprensión de los procesos sociales. (…) Se repitió constantemente que no había victimarios sino víctimas de un sistema represivo, tanto los blancos como los negros eran las víctimas del sistema. Mandela, cuando salió de la cárcel, sostuvo que su misión era liberar tanto al oprimido como al opresor. En el modelo sudafricano la religión, en este caso el Ubuntu, y su concepción de la reconciliación fue un recurso necesario para la construcción de una identidad nacional inclusiva a partir de la refundación de una nueva nación. Uno de sus objetivos fue el de promover la unidad nacional. La Comisión empleó una noción de “empate” que funcionó sobre la premisa de que se trataba de partes “iguales” en una lucha contra el apartheid y que ambas partes cometieron atrocidades semejantes. Cualquier semejanza con nuestra “teoría de los dos demonios” es pura coincidencia.

Los victimarios del apartheid consiguieron, gracias a la confesión de sus “pecados”, la impunidad. En nuestro país la impunidad de los genocidas y sus cómplices se transformó en una política de Estado que condicionó a la democracia burguesa. Los avances en los juicios en la última década fueron el producto de la movilización popular y, en ese sentido, una conquista democrática del pueblo argentino. Sin embargo, comprender esta situación no puede ocultar que los juicios también fueron parte del operativo de relegitimación del régimen democrático burgués. Por eso solo sentenciaron algunos cientos de personas para dejar impunes a miles de otras que participaron y colaboraron en un régimen criminal. Para Cambiemos no es un tema inocente. El gobierno macrista expresa una concentración de capitalistas y gerenciadores de los grandes grupos económicos que financiaron, se enriquecieron y adueñaron del país durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Para Cambiemos, una nueva doctrina sobre los derechos humanos es funcional a encubrir el papel de los capitalistas argentinos.

Esta tercera edición de Insurgencia obrera en Argentina. Clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda sale a luz en un nuevo escenario político donde muchas de las fuerzas actuantes de los hechos narrados –capitalistas, burocracias sindicales, dirigentes políticos patronales– tienen su marca de origen en aquellas luchas pasadas y en el régimen genocida que quiso ahogar esta insurgencia en un baño de sangre. De la memoria de los explotados se trató de borrar todo recuerdo de sus luchas, de sus métodos, de su poder social. Se condenó la violencia revolucionaria y todo intento de manifestarse como clase mediante su propia política. La nueva edición que ofrecemos al público de trabajadores, estudiantes, mujeres y luchadores populares tiene el objetivo de poner en primer plano las lecciones del último gran ensayo revolucionario de la clase obrera argentina, para enriquecer sus luchas presentes bajo la eterna idea de tomar el cielo por asalto.

 

  1. Löbbe, Héctor, La guerrilla fabril: clase obrera e izquierda en la Coordinadora Interfabril de Zona Norte (1975-1976), Ediciones RyR, 2006.
  1. Christian Castillo, “Elementos para un ‘cuarto relato’ sobre el proceso revolucionario de los ‘70 y la dictadura militar”, Lucha de Clases 4, noviembre 2004.
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