Olavarria: Cuando el amo juega al esclavo


Los responsables de los sucesos en el recital del Indio Solari en Olavarría son claros: el Estado y sus funcionarios corruptos, el gobierno de Maria Eugenia Vidal, el intendente Galli del PRO, la productora que organizó el evento, el músico principal beneficiario del show montado. Es necesario denunciar y señalar a los responsables de dos muertes y de la desatención y el maltrato de medio millón de personas.
Dicho esto hay que centrarse en el otro foco, el fenómeno ricotero, las multitudes humanas movilizadas para realizar su ceremonia y participar de los recitales. Miles de jóvenes, y no tanto, que encuentran en las celebraciones ricoteras un lugar donde reina cierta idea del caos y una posibilidad de reventarse sin el control represivo cerca. Un poco de libertad, o mejor dicho, una ficción de libertad -que ciertamente es mejor que ninguna libertad- que esconde los intereses materiales que hacen al mito de Patricio Rey el hecho cultural de masas por excelencia del rock argentino.
Guy Debord solía decir que “El espectáculo es el discurso ininterrumpido que el orden presente mantiene consigo mismo, su monólogo elogioso. Es el autorretrato del poder”. El espectáculo ricotero tuvo su bautismo de fuego con la muerte de Walter Bulacio en manos de la Policía Federal, contratada para la ocasión por la banda, y su silencio brutal frente a un crimen del estado que los manchaba. Autorretrato del poder: la complicidad con la impunidad policial, que en los ’90 hacia ejercicio de gatillo fácil. 4000 jóvenes asesinados en democracia así lo atestiguan.
La atracción de los Redondos y el Indio se debía, sin embargo, a que su discurso exaltaba la tribu, las bandas, la intoxicación de los sentidos, un supuesto desafío a los parámetros morales y sociales impuestos por la cultura dominante. Mientras tanto los músicos se convertían en producto de consumo masivo, en popes de un negocio que tras alguna pincelada de critica social, escondía su deseo de ser habilitados como parte del establishment rockero, de la casta de burgueses y millonarios que la componían. Su particularidad es que ascendían como empresarios de su propia iniciativa. Su aceptación como parte de los valores del capital fue tal que hasta hubo un ministro de educación macrista en la Ciudad y un ministro kirchnerista cómplice en los asesinatos de Maximiliano Kostequi y Dario Santillan que se ufanaban de ricoteros, incluso uno de ellos, hasta se congratula de su amistad con el Indio Solari.
A pesar de lo evidente, un grupo de multimillonarios que son la representación de un hecho de masas de la cultura popular, la multitud ricotera daba rienda suelta a adhesión a la banda. En palabras del autor de La sociedad del espectáculo: “La alienación del espectador en beneficio del objeto contemplado (que es el resultado de su propia actividad inconsciente) se expresa así: cuanto más contempla menos vive; cuanto más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del espectáculo respecto del hombre activo se manifiesta en que sus propios gestos ya no son suyos, sino de otro que lo representa”. La multitud de las barriadas, buscando en ella una imagen de si misma, como si pretendiera dar un mensaje distorsionado por la voz del mensajero. Un bufón del rey incapaz de darle profundidad e iluminar con una critica implacable del orden social, del cual busca sus recursos, las conciencias, siquiera estremecer; y que tras la reivindicación del tribalismo y del individualismo social del reviente, se apropia de la voz de cientos de miles de personas hambrientas de justicia, derechos y aspiraciones de una vida mejor. Multitudes que en ese ratito de ficción de libertad donde no rigen las normas se entrega caoticamente a ser reconducidas y representadas por el amo que juega al esclavo.
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Comer y descomer trabajadores: la honestidad brutal de un CEO


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Comer y descomer trabajadores: la honestidad brutal de un CEO

Miguel Ángel Punte, viceministro de Jorge Triacca y hombre de Techint, desbocado declarara el carácter desechable de la clase trabajadora, comparándolo con las funciones del sistema digestivo.

 

“La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral. Como en el organismo lo es comer y descomer”. Con estas palabras descarnadas el secretario de Empleo, Miguel Ángel Punte, definió la visión de las grandes patronales sobre la función y el carácter desechable de los individuos que componen la clase trabajadora.

Honestidad brutal. Punte no ha hecho más que manifestar el principio de la clase capitalista que como citara Karl Marx enunció Thomas Hobbes: “El valor o el mérito de un hombre es, como en las demás cosas, su precio, es decir, lo que se daría por el uso de su fuerza”. La fuerza de trabajo no es más que una mercancía que el capital usa y descarta a su antojo. Triturados por la maquinaria capitalista, los cuerpos proletarios pueden ser desechados como población sobrante y de esa manera presionar sobre el obrero empleado a aceptar las condiciones patronales para fijar el precio de la fuerza de trabajo. La condición para lograrlo es mantener desunida a las filas obreras, enfrentadas entre sí, compitiendo de ser posible por el puesto de trabajo. Si en los momentos de crisis y ofensiva patronal, las dirigencias burocráticas renuncian a la lucha de clases y pactan con las patronales, queda una clase desorganizada obligada a ceder derechos y someterse a la más descarnada dictadura del capital. Es esta relación la que se presenta como del orden natural de las cosas.

El hombre que hizo esta definición es filósofo y, según se cuenta en los pasillos de la Secretaria de Empleo, además de maltratar a sus subordinados, se dedica a provocar a los sociólogos dedicados a los estudios laborales en el Ministerio recordando la idea de primacía de la praxis de Karl Marx. Punte reivindica “una gestión de la disciplina laboral y que se respeten las pautas legales, los códigos de comportamiento y los valores de la empresa”, es decir el Gobierno pleno de la dictadura patronal en las unidades de producción y de trabajo.

No extraña, Punte es un cuadro internacional del Grupo Techint, cuyo origen hay que rastrearlo en los años ’30 cuando el fundador del Grupo, Agostino Rocca, encabezaba el Instituto para la Reconstrucción Industrial, en la Italia fascista de Benito Mussolini. Fue salvado de ir a la cárcel o de enfrentar a pelotón de fusilamiento, por los aliados y el stalinismo italiano. El colaborador del Duce y los nazis en la República de Saló, recordara amargamente y autoexculpandose: “Dejé Italia después de la guerra, ofendido y resentido por una expurgación basada en el hecho que, habiendo realizado como técnico cosas serias, había favorecido los valores del fascismo. Y entonces, el disgusto por esa situación me llevó a emigrar al exterior bajo cualquier condición y para siempre”.

Banalidad del mal que, parafraseando a Hannah Arendt, caracteriza a los capitalistas y burócratas beneficiarios de los regímenes totalitarios. Los valores del fascismo de Techint volvieron a hacerse ver durante los tiempos del peronismo de la Triple A: “En enero de 1976 el “Pampa” Delaturi y Carlos Scafide, dirigentes obreros, fueron secuestrados y asesinados por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en el Camino Negro de Punta Lara” y la dictadura: “Los números fríos dicen 275 trabajadores desaparecidos del grupo Techint, en Dalmine/Siderca 60 compañeros fueron marcados, secuestrados y desaparecidos”.

En los corrillos ministeriales sobre las internas entre los funcionarios se comenta que Punte es un paria ya que como representante de Techint no seria del agrado de los funcionarios del PRO, cuyo presidente Mauricio Macri solía ser competidor en los negocios de la obra publica. Techint, además, es quien alienta a Sergio Massa y el Frente Renovador. El acuerdo flexibilizador de Vaca Muerta, donde el Sindicato Petrolero de Guillermo Pereyra entregó a los trabajadores, interesa a Techint no solo por sus expectativas de inversión en el petróleo no convencional, sino porque el acuerdo se presenta como un modelo para todas las ramas.

Punte dice descarnadamente, sin bozal, lo que esta en boca de las grandes patronales; y los enfrentamientos políticos y comerciales de los antiguos rivales de negocios, son dejados de lado en pos de un interés común. Techint, Macri y el gran capital se unen en una declaración de guerra contra la clase trabajadora: flexibilizar las condiciones laborales y el mercado de trabajo, liquidar los convenios colectivos, planchar los salarios y aumentar la productividad y la explotación de la mano de obra, son sus consignas.

Como hombre formado en los manejos de los recursos humanos de una empresa de origen fascista, siente desprecio por los trabajadores, opina, con fundadas razones, que los burócratas sindicales son fáciles de comprar y desdeña de la capacidad de los trabajadores en la lucha de clases. No la ven venir. Punte, que desprecia los estudios sobre conflictividad laboral, no capta que la clase obrera argentina tiene, más allá y a pesar de la burocracia sindical, un nivel de acumulación de lucha, experiencia y organizaciones de base combativas y clasistas, que son la punta de lanza de una fuerza aún mayor. Imaginémonos por un instante el temor visceral que este personaje grotesco va a sentir cuando las fuerzas gigantescas de la clase trabajadora se pongan en movimiento, declare su derecho a emanciparse y toda su prepotencia se esfume en un instante.

La histórica causa patronal contra los convenios colectivos


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El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ratificó frente a 500 empresarios el pedido de liquidar los convenios colectivos de trabajo realizado por Mauricio Macri. El recuerdo del Rodrigazo.

Los empresarios, reunidos en el complejo Golden Center de Parque Norte, durante la 22° Conferencia Industrial de la UIA, sintieron un estallido de éxtasis al escuchar la afirmación de Jorge Triaca: “El presidente Mauricio Macri fue muy claro, tenemos que dar debate sobre los convenios y esto no va en detrimento de los derechos adquiridos de los trabajadores ni mucho menos”.

Para el ministro “hay convenios firmados 40 años atrás. Reflejan otros procesos, no los actuales. Hay actividades y categorías que son vetustas, que no tienen ningún sentido, que no son reflejo de la realidad” dijo así, refiriéndose al impacto de la tecnología.

Anteriormente había sido Mauricio Macri quien diera la consigna de liquidar los CCT al afirmar que “no podemos salir al mundo, aceptar los desafíos del Siglo XXI con convenios laborales del Siglo XX y algunos de la primera parte de ese siglo. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta, para defender los trabajos y crear nuevos, con coraje”.

Los dichos del presidente y del titular de la cartera laboral buscan concitar el apoyo de las patronales, quienes históricamente han querido liquidar los convenios colectivos de trabajo, flexibilizar la relación laboral y por esa vía aumentar los niveles de explotación sobre la clase trabajadora. El gobierno y las patronales usan el argumento del avance de la tecnología como una amenaza contra los puestos de trabajo, para quebrar la resistencia del trabajador y poder disponer de él de la forma que quiera, sin que el trabajador pueda oponer a las pretensiones patronales derechos adquiridos por más de un siglo de luchas obreras.

La pretensión patronal de liquidar los convenios fue el programa de todas las dictaduras que hubo en Argentina desde 1955 en adelante. Incluso un poco antes, en 1952, fue el mismo Juan Domingo Perón quien intentó limitar sus alcances en el Congreso de la Productividad. Su fracaso en este terreno fue una de las causas que decidió a la burguesía por la Revolución Libertadora.

El ministro Triaca señaló los convenios de 40 años atrás, que expresan lo conquistado por la clase trabajadora durante el período de ascenso de la lucha de clases signado por el Cordobazo en mayo de 1969 y las jornadas de junio y julio de 1975, cuando una extraordinaria huelga general política puso fin al llamado Rodrigazo. En aquella ocasión, el gobierno de Isabel Perón y el jefe político de las Tres A, el Ministro de Bienestar Social José López Rega, llevaban adelante un brutal plan de ajuste contra el pueblo trabajador diseñado por su Ministro de Economía, Celestino Rodrigo.

En medio de una catástrofe económica internacional y con los mercados cerrados a las exportaciones argentinas debido al proteccionismo de las grandes potencias, el gobierno peronista se decidió a atacar a los trabajadores, negándose a homologar los convenios colectivos de trabajo.

La respuesta proletaria no se hizo esperar y en poco menos de un mes el país se encontró prácticamente paralizado, las grandes fábricas fueron ocupadas por sus trabajadores y las comisiones internas recuperadas de manos de la burocracia, organizando las Coordinadoras Interfabriles que alcanzaban la Capital, La Plata y Gran Buenos Aires y agrupaban a más de 120.000 trabajadores. En aquel entonces, esta situación y el estado de movilización y deliberación de la clase obrera obligó a la burocracia sindical que integraba las bandas de las Tres A a ponerse a la cabeza del movimiento, a riesgo de ser superada.

El 7 y 8 de julio de 1975, luego de un paro nacional previo del 28 de junio y de una movilización extraordinaria de las coordinadoras, que el 3 de julio cercó Buenos Aires, una extraordinaria huelga general puso fin al intento de ajuste y logró que se homologaran los convenios así como también impuso la expulsión del gobierno de Rodrigo y López Rega. Este fracaso del peronismo de llevar a cabo un ajuste contra el pueblo trabajador fue fundamental para que la burguesía nuevamente se decidiera por la salida de fuerza que resultó en el genocidio y el intento de los militares de avanzar nuevamente sobre los convenios colectivos de la clase obrera.

El ministro Triaca, que suele ir a misas de homenaje a genocidas y junto a genocidas, es hijo de otro ex ministro de Trabajo: Jorge Triacca padre. El mismo, además de haber negado la existencia de desaparecidos durante el Juicio a las Juntas, fue parte del gobierno menemista que llevó a cabo la mayor ofensiva sobre el movimiento obrero, retomando el núcleo del plan Rodrigo, imponiendo la flexibilización laboral y la división de la fuerza laboral entre efectivos, precarios y en negro. Bajo el gobierno de la Alianza, de la cual muchas de sus figuras participan del staff del gobierno de Cambiemos, se dio una nueva vuelta flexibilizadora con la famosa “ley Banelco” del entonces ministro Alberto Flamarique.

El argumento sobre la obsolescencia de los convenios cuenta con un importante hándicap: durante el kirchnerismo, la recuperación de derechos por parte de un sector de los trabajadores, se hizo manteniendo los cambios estructurales del período anterior, manteniendo como una de las columnas vertebrales de su modelo la precarización laboral.

La defensa de los convenios colectivos no es en detrimento de la generación de empleo sino una limitación a la sed de ganancia y la explotación de las patronales. La utilización de las nuevas tecnologías con que se pretende reducir la fuerza de trabajo, debería estar puesta en función de reducir la jornada para los trabajadores y repartir las horas disponibles entre el conjunto de la población laboriosa.