Nina Hagen (Hasta Siempre)

Asesinan militante del Frente de Organizaciones en Lucha de Escobar

Nos siguen matando a los humildes, a los trabajadores. Nos siguen pegando abajo, muy abajo

Anoche, martes 10 de enero, una banda armada ingresó a la casa de nuestra compañera Noemí de Matheu, Escobar. No contentos de no haber encontrado ninguna suma de dinero, dispararon a sangre fría contra ella y contra su esposo, Mario Quispe. Nuestra compañera no pudo sobrevivir a los disparos…

Frente al dolor sabemos que el único camino que tenemos es el de la lucha contra lo injusto, y sabemos que los crímenes son posibles gracias al amparo policial con el que estas bandas se manejan. Somos testigos día a día de cómo el poder político, la policía y las bandas criminales cortan con la misma tijera, siempre pegando al que menos tiene.

Nuestra compañera es una prueba más de la impunidad para matar trabajadores, a luchadores y luchadoras sociales. Es un eslabón más del rompecabezas que refleja la putrefacta connivencia entre los que tienen el poder político, entre los que tienen el poder policial y entre los que ejecutan sus crímenes a costa de la vida de nuestros compañeros y compañeras.

Ni el caso de nuestra compañera ni el de los compañeros de Rosario del Frente Popular Darío Santillán, son casos aislados. Son el resultado de la constante complicidad entre aquellos que tienen el poder para hacer y no hacen, con aquellos que obran en constante impunidad para matar a nuestros compañeros y compañeras, para matar a los trabajadores, para matar a los humildes.

Los familiares de Noemí estarán hoy en la conferencia de prensa por los chicos de Rosario, para denunciar el caso. La conferencia se realizará en la CTA Capital (Independencia 666) a las 19hs.-

Contactos:
– Luján Rodriguez: 11 55 84 76 59
– Federico Bertalot: 11 55 84 76 55

Inaceptable sabotaje en subtes (La Nación, tribuna de doctrina de la prensa burguesa contra los trabajadores del subte. El lenguaje burgués de la guerra de clases)

Las tarifas de los subterráneos de Buenos Aires sólo habían aumentado un 57 por ciento entre 2001 y 2011, mientras la inflación en el mismo período sextuplicó ese porcentaje. Esa misma distorsión ocurrió entre las tarifas y los costos de prestar el servicio, lo que demandó subsidios crecientes para mantener la operación. El gobierno nacional, responsable de la regulación del sistema hasta el inicio del año en curso, acordó transferirlo a la Ciudad sin corregir previamente esa distorsión, sólo manteniendo por un año la mitad del subsidio que se había visto obligado a otorgar para compensar el desfase tarifario (de 720 millones de pesos, reconocerá 360 millones al gobierno local). El gobierno de la ciudad tenía la opción, aunque no los fondos, para hacerse cargo de la otra mitad, o bien, como lo hizo, de aumentar la tarifa. A la luz de todos los elementos de juicio disponibles, esta alternativa, aunque dolorosa para muchos usuarios, ha sido la correcta. Llevado a moneda de valor constante, el precio del cospel que regía a fines de 2001 debería ser hoy de 3,50 pesos. Si se considera un índice medio de salarios, el uso del subte a una tarifa de 2,50 pesos requiere hoy una menor proporción del sueldo que en 2001. Salvando el hecho de que el aumento ha sido abrupto, la tarifa hoy vigente sigue siendo más que razonable con relación a los niveles históricos. Más aún si se la compara con las observadas en otras ciudades del mundo. A pesar del aumento, sigue siendo la más reducida de América latina y está en una proporción de entre un tercio y un quinto de las vigentes en sistemas de metro en Europa o los Estados Unidos. Resulta entonces poco comprensible la encendida protesta de algunos sectores políticos enfrentados al gobierno de la ciudad, que produjeron duras declaraciones sin razones valederas o recurrieron a cuestiones formales alegándolas como fundamentales con no poca hipocresía. De hecho han reclamado medidas judiciales de amparo para suspender el aumento en tanto no se realicen estudios y una audiencia pública. El gobierno de la ciudad ha argumentado que esa audiencia ya fue celebrada en su oportunidad, momento en que se autorizó un aumento que a moneda de valor constante aún no ha sido alcanzado. Desde el punto de vista de la realidad económica hay, como hemos visto, una sólida justificación para recuperar una tarifa que había sido sometida a un retraso demasiado evidente. Si, en todo caso, hay un segmento de los usuarios que por su nivel socioeconómico no pueden afrontar la nueva tarifa, lo que debe reclamarse es que la ciudad instrumente un subsidio específico conforme la demanda. El uso de la tarjeta SUBE lo hace técnicamente posible. También podría analizarse, como sucede en muchas de las principales ciudades del mundo, la posibilidad de que el usuario que utiliza el servicio de manera esporádica pague por él un precio superior al que deben abonar quienes lo usan diariamente. Así, podrá haber un boleto que se pueda adquirir por viaje, por día, por semana, por mes o por año. Para ello deberá pensarse en una readecuación del sistema tarifario, hoy obsoleto, que permita pagar menos por mayor uso del servicio. Lo injustificable es la actitud de los dirigentes gremiales de subterráneos de levantar los molinetes en repudio del aumento. Extraña esta decisión, explicada como una acción de solidaridad con los pasajeros, cuando frecuentemente someten a estos mismos usuarios a paros sorpresivos o a trabajo a reglamento. Desde el punto de vista laboral, una normalización de las tarifas dará a los trabajadores del sistema una mayor seguridad de cobro y facilitará la actualización periódica de sus salarios. La medida gremial tiene sin duda un carácter político, como además lo demuestran las adhesiones recibidas de grupos de izquierda o de la oposición en la Ciudad. Levantar los molinetes constituye lisa y llanamente un verdadero sabotaje. Produce la destrucción de los ingresos lícitos de la empresa concesionaria, tal como si fuera la destrucción de bienes de su propiedad. La justicia penal debería actuar rápidamente ante este delito. El gobierno nacional, por su parte, debería recapacitar sobre el daño que finalmente generan las políticas populistas, que, tarde o temprano, deben ser corregidas dolorosamente..

Deben ser los gorilas, deben ser (LVO 459)

En una carta titulada “Hacerse cargo” la agrupación La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner, salió a diferenciarse del plan anunciado por Peralta y a explicar su alejamiento del gobierno provincial.

Sin embargo, los esfuerzos de La Cámpora por presentarse como una oposición al ajuste no resiste la prueba de sus  propias declaraciones. La crítica de La Cámpora al gobierno provincial pasa por dos ejes. Por un lado, lo acusan de ser responsable de la destrucción del modelo provincial creado por Néstor Kirchner ya que “literalmente ha ´evaporado´ no sólo las reservas acumuladas sino que además ha destruido el sistema de salud pública, (y) desquiciado la educación pública”. Pero Peralta gobierna la provincia desde 2007 y la destrucción de los servicios públicos que denuncian los camporistas no les evitó apoyarlo, eso sí, como “mal menor” y formar listas comunes en las elecciones de 2011. Por otro lado, La Cámpora señala que tal dilapidación se debe a la tibieza del gobernador (el mismo que envió a las patotas de la UOCRA contra los piquetes docentes y petroleros y mantiene preso a Oñate en las cárceles de su provincia) que cedió a las presiones sindicales “permitiendo que se someta  al conjunto de la sociedad santacruceña a un clima de extorsión y violencia permanente como método para obtener no ya derechos sino verdaderos privilegios como nunca antes se había visto”. En una provincia donde los recursos naturales y energéticos han sido entregados al capital extranjero, en el paraíso de Repsol y Panamerican Energy, donde las multinacionales pesqueras hacen y deshacen a su antojo, y donde las constructoras amigas y socias del gobierno gozan de extraordinarios privilegios para realizar sus negociados La Cámpora, que en la carta se presentan como guardianes del proyecto “nacional y popular” en Santa Cruz, no tiene mejor idea que acusar de “privilegiados” a los trabajadores a quienes acusa como responsables del déficit y la crisis provincial. Luego de la muerte de Néstor Kirchner la publicidad oficial hizo conocido el lema “Nunca Menos” como idea de que el pueblo no debia ceder sus derechos. Sin embargo, en la provincia “pingüina” por excelencia el discurso del Nunca Menos se ha trocado en Nunca Más derechos, y cínicamente en boca de La Cámpora se ha transformado en una especie de “teoría de los dos demonios” que iguala el despilfarro y las responsabilidades de las camarillas políticas gobernantes con las de la clase trabajadora.

Soldados del ajuste

La Campora fue duramente atacada por Daniel Peralta acusándola de haber sido parte del plan de ajuste y de abrirse con intenciones destituyentes. Los camporistas se apresuran en este sentido a aclarar su disposición “a colaborar y en caso de no compartir las propuestas, las acciones o las políticas que se propongan no vamos a obstaculizar el funcionamiento institucional”. Es decir, en caso de ser necesario, a permitir que el ajuste pase. La Cámpora aclara que no se oponen a las medidas por defender los derechos e intereses del pueblo trabajador sino porque lo que “no se puede pretender es que convalidemos, acciones políticas o medidas que no compartimos o en las que no coparticipamos o lo que es mucho peor aun, proyectos cuyos datos, números y cifras nos han sido ocultados y/o tergiversados”. Para  que no queden dudas, la agrupación de Máximo Kirchner plantea que la responsabilidad compartida por Peralta y los sindicatos tiene que tener una salida negociada entre ambas partes “los responsables del estado actual de la administración provincial, que no solo deben encontrarse en su máxima autoridad si no también en los sectores gremiales que llevaron las cosas hasta límites inimaginables, hoy se hagan los desentendidos, o lo que es peor aún, promuevan nuevamente la violencia. Ellos son los responsables de la crisis de nuestra provincia y ellos deben proponer las soluciones a los problemas que ellos mismos crearon”. Pero una solución en común entre gobierno y sindicatos implica que los trabajadores tengan que aceptar en alguna medida el ajuste, ha riesgo de ser acusados de privilegiados, extorsionadores y destituyentes. Dicho sea de paso esta es la política que han tomado las conducciones sindicales.

Revisionismo histórico

Cabe recordar que el ataque a los sindicatos y los trabajadores como privilegiados y extorsionadores corresponde al más rancio desprecio por la clase obrera proveniente de la cultura política liberal, mitrista y conservadora de nuestro país. Como popularizaron Delfor Amaranto y Aldo Camarotta allá por 1955 en la Revista Dislocada, podemos decir ante la definición camporista que “deben ser los gorilas, deben ser”.

Para los socialistas revolucionarios una comprobación frente a los trabajadores y el pueblo pobre de que La Cámpora es una corriente al servicio del Estado burgués y los capitalistas.